WASHINGTON — Una coalición de estados, ciudades y condados presentó demandas contra la administración del presidente Donald Trump para intentar bloquear una nueva norma migratoria que amplía la capacidad de los funcionarios federales para considerar el uso de ciertos beneficios públicos al evaluar solicitudes de residencia permanente.
Las demandas fueron presentadas este lunes en un tribunal federal de Manhattan, mientras la nueva regulación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se prepara para entrar en vigor el 18 de septiembre.
La norma modifica nuevamente la interpretación del concepto de “carga pública” (public charge), utilizado en la ley migratoria estadounidense para determinar si una persona podría convertirse principalmente dependiente de la asistencia del gobierno.
¿Qué cambiaría con la nueva norma?
Durante la administración de Joe Biden, las reglas limitaron los beneficios que podían ser considerados en este tipo de evaluación. Entre ellos, SNAP —conocido como cupones de alimentos— y Medicaid no eran considerados dentro de la determinación de carga pública bajo esa regulación.
La administración Trump rescindió esa regulación de 2022. A partir del 18 de septiembre, los funcionarios de inmigración tendrán mayor margen para evaluar, caso por caso, distintos factores relacionados con la situación económica y personal de un solicitante.
Entre los factores que podrían ser considerados están los ingresos, la edad, la salud, las obligaciones financieras, la educación y el uso reciente de determinados beneficios públicos.
El objetivo de la evaluación será determinar si existe una posibilidad de que el solicitante se convierta en una “carga pública” en el futuro. Si un funcionario determina que la persona probablemente dependerá principalmente de beneficios gubernamentales, esto podría afectar su elegibilidad para obtener la residencia permanente.
Estados cuestionan la autoridad del gobierno federal
Nueva York, California e Illinois encabezan una de las demandas, presentada junto con otros estados y el Distrito de Columbia. Una segunda demanda fue presentada por seis ciudades y condados, entre ellos Nueva York, Chicago, San Francisco y Seattle.
Los demandantes sostienen que la nueva regulación viola la Ley de Procedimiento Administrativo (Administrative Procedure Act) y que el DHS se excedió en la autoridad que le otorgó el Congreso.
También cuestionan que la norma no establezca límites suficientemente claros sobre qué beneficios podrían afectar una solicitud de residencia.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, acusó a la administración de generar temor entre las familias inmigrantes para que dejen de utilizar programas de alimentación, atención médica y otras ayudas a las que tienen derecho.
¿La norma ya está vigente?
No. La fecha establecida para su entrada en vigor es el 18 de septiembre de 2026. Las demandas buscan que un juez federal bloquee la implementación antes de esa fecha.
Además, la regla establece que las solicitudes de admisión y las solicitudes de ajuste de estatus presentadas a partir del 18 de septiembre estarán sujetas al nuevo marco. Las solicitudes presentadas antes de esa fecha se evaluarían bajo las reglas anteriores, de acuerdo con la información publicada sobre la norma.
¿Significa esto que cualquier inmigrante que reciba beneficios perderá su green card?
No. La norma no establece que recibir automáticamente SNAP, Medicaid u otro beneficio implique la negación de una green card.
La evaluación será individual y dependerá de múltiples factores. Sin embargo, los estados que presentaron las demandas argumentan que la amplitud de la nueva regulación podría generar incertidumbre para familias inmigrantes que dependen de programas públicos.
Organizaciones de inmigración también han advertido que el temor a las consecuencias migratorias podría llevar a algunas familias a renunciar a beneficios que necesitan, incluso cuando legalmente tienen derecho a recibirlos.
¿Qué deben hacer los inmigrantes?
Por ahora, expertos y organizaciones de asistencia migratoria recomiendan no cancelar beneficios públicos únicamente por temor a la nueva norma sin antes consultar con un abogado de inmigración o un representante legal acreditado.
La situación podría cambiar dependiendo de las decisiones que tome el tribunal federal en las próximas horas o días.
La fecha clave es el 18 de septiembre, cuando la nueva regulación está programada para entrar en vigor, salvo que un tribunal ordene suspenderla.
Esta noticia será actualizada conforme se conozcan nuevas decisiones judiciales sobre la norma.
