Carlos Guillermo Smith, entonces miembro de la Comisión de Pandemias y Emergencias Públicas de la Cámara, demandó al estado en agosto de 2021 después de presentar una solicitud de registros públicos al Departamento de Salud en busca de información detallada del COVID-19 en su condado de origen mientras los casos de la variante Delta se disparaban. El Miami Herald, el Tampa Bay Times y varias otras organizaciones de noticias, así como la First Amendment Foundation, se unieron a la demanda. Foto: Pixabay.
Después de dos años de negar que existieran datos detallados del COVID-19 relacionados con las infecciones y vacunas de 2021, y luego ser obligado por un tribunal a entregarlos, el gobernador Ron DeSantis y el Departamento de Salud de la Florida llegaron a un acuerdo de conciliación que requerirá que el estado divulgue datos del coronavirus en su portal digital y pague los honorarios de abogados por intentar eludir la ley estatal de registros públicos.
El acuerdo de conciliación, anunciado el lunes por el Florida Center for Government Accountability (FLCGA), una organización sin ánimo de lucro de vigilancia de los registros públicos que demandó al estado en nombre del ex representante estatal Carlos Guillermo Smith, exige que el departamento publique datos detallados sobre el COVID-19 en el portal digital del Departamento de Salud de la Florida (FDH) y pague $152.250 en concepto de honorarios a los abogados que representaron a FLCGA y a Smith.
“El departamento mintió sobre la existencia de estos registros públicos en los tribunales e hizo todo lo posible por restringir la información y restar importancia a la amenaza del COVID incluso mientras la variante Delta arrasaba la Florida, una decisión que costó muchas vidas”, afirmó Smith, demócrata de Orlando, en un comunicado.
Smith, entonces miembro de la Comisión de Pandemias y Emergencias Públicas de la Cámara, demandó al estado en agosto de 2021 después de presentar una solicitud de registros públicos al Departamento de Salud en busca de información detallada del COVID-19 en su condado de origen mientras los casos de la variante Delta se disparaban. El Miami Herald, el Tampa Bay Times y varias otras organizaciones de noticias, así como la First Amendment Foundation, se unieron a la demanda.
En ese momento, una tercera oleada de casos se estaba disparando en la Florida y las hospitalizaciones estaban aumentando drásticamente, pero el Departamento de Salud estaba cambiando la forma en que comunicaba los datos de muertes a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), dando la apariencia de una pandemia en declive, según un análisis del Miami Herald.
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La dependencia también había comenzado a lanzar una serie de críticas en Twitter, acusando a los CDC de publicar cifras incorrectas sobre el COVID, pero ofreciendo pocas explicaciones.
En junio de 2021, el departamento de salud dejó de publicar el cuadro de control del COVID-19 y cambió a un informe semanal.
Pero cuando Smith buscó los datos detallados en agosto, la dependencia dijo que la información que buscaba era ahora confidencial y estaba exenta de divulgación pública en virtud de una ley estatal.
El 16 de agosto de 2021, FLCGA hizo la misma solicitud de registros públicos para los 67 condados de la Florida y se le denegó por las mismas razones. Demandaron días después.
Smith y FLCGA instaron al tribunal a exigir que un funcionario de la dependencia prestara declaración sobre la toma de decisiones del departamento. En enero de 2022, el juez de circuito del Condado León John Cooper denegó la solicitud del Departamento de Salud de una orden de protección para impedir la declaración.
El departamento apeló el fallo y argumentó ante el tribunal que los registros solicitados no existían. Pero después de que el tribunal de apelaciones confirmara la orden del tribunal de primera instancia que obligaba a un funcionario de la dependencia a responder a preguntas bajo juramento, los registros se presentaron en marzo de 2023.
El panel de jueces del Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito estaba formado por los republicanos Stephanie Ray, Timothy Osterhaus y Rachel Nordby.
Tanto Smith como la FLCGA dijeron que esperaban que la información solicitada ilustrara el mayor impacto del virus en cada región del estado –incluidas las edades, el sexo, la demografía étnica y racial de las personas con casos confirmados del virus y las tasas de vacunación del condado– para informar mejor al público de sus riesgos.
Expertos en salud pública han demostrado que la confianza en los datos es crucial para conseguir que el público cumpla las directrices del gobierno sobre cómo comportarse en una crisis.
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En el momento del cambio de política del Departamento de Salud en el verano de 2021, el presidente Donald Trump no había logrado la reelección y DeSantis se postulaba a un segundo mandato como gobernador mientras intentaba posicionarse para buscar la nominación del Partido Republicano a la presidencia. Condenar la fiabilidad de los datos del COVID-19 y el manejo del virus por parte del gobierno federal, así como desacreditar la ciencia detrás de la vacuna, se convertiría en un pilar central de la plataforma de DeSantis.
Sin embargo, la decisión de agosto de 2021 no fue la primera vez que la administración de DeSantis ocultó datos del COVID-19 al público mientras el gobernador perseguía una narrativa política diferente.
En la primavera de 2020, cuando Trump buscaba la reelección y esperaba demostrar que el virus estaba en declive, el gobernador y los funcionarios de su agencia cambiaron la forma en que el estado manejaba otras enfermedades infecciosas. DeSantis anunció que la mayor parte del estado reabriría sus puertas el 4 de mayo de 2020, citando una “estrategia basada en datos” y el éxito en el logro de los “puntos de referencia” federales que incluían una caída en las infecciones.
Pero cuando el Miami Herald obtuvo los datos y los examinó en comparación con las afirmaciones del gobernador, quedó claro que el gobernador o bien no era consciente de que los datos mostraban que la propagación en la comunidad, los brotes regionales y el número de muertes eran peores de lo que estaba diciendo a los floridanos, o se centró selectivamente en estadísticas obsoletas para presentar su argumento y ayudar al presidente a afirmar que la Florida estaba “abierta para los negocios”.
El acuerdo de conciliación reivindica la postura de que “la transparencia y la responsabilidad no son negociables. La Constitución lo exige”, dijo Michael Barfield, director de Iniciativas de Acceso Público de la FLCGA. “El Departamento ocultó registros públicos durante el apogeo de la pandemia para encajar en una narrativa política de que la Florida estaba abierta a los negocios”.
El acuerdo de conciliación exige que el Departamento de Salud proporcione datos detallados sobre el COVID-19 durante los próximos tres años, incluidos recuentos de vacunación, recuentos de casos y muertes, agregados semanalmente, por condado, grupo de edad, sexo y raza.
La FLCGA afirma en su comunicado que seguirá supervisando el cumplimiento por parte del Departamento de sus obligaciones legales en virtud del acuerdo y que pondrá los datos del COVID-19 a disposición del público con fines educativos y de investigación.
Fuente: Artículo de El Nuevo Herald, por Mary Ellen Klas. Si desea leer la publicación original puede hacerlo en el siguiente enlace: https://www.elnuevoherald.com/noticias/florida/sur-de-la-florida/article280318084.html
