Solicitan una orden judicial preliminar contra sección de la ley antiinmigrantes de Florida

La sección 10 de ley SB 1718, la cual está en disputa, contempla penas de hasta 15 años de prisión, por delitos graves de tercer grado, para quienes transporten a personas en situación irregular. Foto: Pixabay.

Grupos de derechos civiles y de inmigración solicitaron una orden judicial preliminar contra una sección de la ley de Florida que penaliza el transporte de inmigrantes sin estatus legal, argumentando que la misma convierte este hecho en un delito grave y causa dificultades extremas a estas personas.

“La Sección 10 está infligiendo un daño enorme a los Demandantes y a muchos otros residentes de la Florida”, según los documentos judiciales reseñados por El Nuevo Herald. “Florida no tiene una base válida para imponer este tipo de sufrimiento a sus residentes”.

La semana pasada, el juez del Tribunal de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida, Roy Altman, rechazó una solicitud presentada anteriormente por una coalición integrada por el Southern Poverty Law Center (SPLC), la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida, el Americans for Immigrant Justice (AIJ) y el American Immigration Council (AIC), entre otras organizaciones y personas, que buscaba bloquear dicho texto legal.

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Altman argumentó que ni el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ni otros acusados en el caso, habían recibido la denuncia inicial correspondiente.

Según detalla el mencionado medio de comunicación, hasta el lunes los abogados de los demandantes habían presentado pruebas de la debida notificación a todos los acusados menos a uno, y se estaban preparando para volver a presentar la moción de la orden preliminar.

Si se aprueba, la medida cautelar bloquearía la provisión de transporte mientras se lleva a cabo el proceso judicial.

La sección 10 de ley SB 1718, la cual está en disputa, contempla penas de hasta 15 años de prisión, por delitos graves de tercer grado, para quienes transporten a personas en situación irregular.

La demanda argumenta que la ley estatal, que entró en vigencia el 1 de julio, es inconstitucional porque viola la Cláusula de Supremacía, una disposición constitucional que pone a la autoridad de la ley federal sobre la ley estatal.

Fuente: Club de Venezolanos / Con información de El Nuevo Herald, por Syra Ortíz Blanes. Si desea leer la publicación original puede hacerlo en el siguiente enlace: https://www.elnuevoherald.com/noticias/inmigracion/article278242268.html