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En una decisión unánime que marca un cambio significativo para la ciudad con mayor concentración de venezolanos en Estados Unidos, el Concejo Municipal de Doral aprobó el miércoles un acuerdo de colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La medida, adoptada bajo el programa federal 287(g), permitirá a oficiales selectos de la policía local asumir funciones de aplicación de leyes migratorias federales, lo que ha generado preocupación en una comunidad mayoritariamente inmigrante.
La votación, realizada tras un intenso debate público, autoriza al Departamento de Policía de Doral a participar en el programa 287(g), establecido por la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de Inmigrantes de 1996.
Bajo este acuerdo, los oficiales capacitados por ICE podrían interrogar a individuos sobre su estatus migratorio, consultar bases de datos federales, emitir órdenes de detención migratoria y detener a sospechosos de violar leyes de inmigración en casos de infracciones.
De igual manera, el Concejo de Hialeah aprobó en marzo un Memorando de Acuerdo con ICE, permitiendo que la policía municipal reciba entrenamiento en funciones migratorias y colabore con la agencia federal.
Mandato estatal en ‘Doralzuela’
Las autoridades de Doral justificaron la decisión como un cumplimiento obligatorio de una ley estatal aprobada en febrero, que endurece las políticas contra la inmigración ilegal en Florida.
“Esto es un requisito del estado, tenemos la obligación de seguir la ley”, afirmó la alcaldesa Cristi Fraga, aclarando que se trata principalmente de un entrenamiento para que los agentes sepan cómo actuar si encuentran a una persona indocumentada durante la respuesta a un acto criminal.
Por su parte, la vicealcaldesa Maureen Porras reiteró que el abogado de la Ciudad les informó que el acuerdo es un “mandato estatal y también federal”.
Esta decisión resuena profundamente en Doral, una ciudad de unos 81.000 habitantes conocida informalmente como ‘Doralzuela’ por su gran comunidad venezolana.
De hecho, más del 70% de los residentes de esta localidad de Miami-Dade nacieron en el extranjero, y de ellos, más de un tercio (aproximadamente 27.000) son de origen venezolano, convirtiéndola en un símbolo del exilio.
Preocupación y división
La medida ha encontrado una fuerte oposición entre activistas proinmigrantes y residentes.
Durante la reunión del Concejo, Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, advirtió que el acuerdo “pone en riesgo la seguridad, dignidad y confianza” de la comunidad y “socava la confianza” necesaria para que los residentes denuncien delitos.
“Creo que esto es muy peligroso para una ciudad como Doral, que tiene tantas familias de estatus migratorio mixto”, expresó otro residente, reflejando el temor de familias con miembros bajo protecciones temporales como TPS, parole humanitario o asilo político.
Contexto
La decisión se produce en un clima de políticas migratorias más estrictas por parte de la Casa Blanca, que recientemente reanudó los vuelos de deportación a Venezuela y canceló el TPS para venezolanos (medida temporalmente frenada por un juez). Florida lidera la nación en acuerdos 287(g), con más de 200 agencias participantes.
Paradójicamente, el mismo Concejo de Doral abogó previamente por la extensión del TPS para venezolanos y apoyó la Venezuelan Adjustment Act, un proyecto de ley para otorgar residencia permanente a miles de venezolanos, similar a la Ley de Ajuste Cubano.
Intentando calmar los ánimos, el concejal Rafael Pineyro, único miembro de origen venezolano en el ayuntamiento doralino aseguró que la policía “va a continuar haciendo la misma función” y no detendrá a nadie por su apariencia, enfocándose solo en quienes cometan infracciones.
Por su parte, el jefe de policía de Doral, Edwin López, manifestó no haber tenido comunicación con ICE sobre la implementación de la norma y reafirmó el compromiso del departamento: “Estamos aquí para servir y proteger a cada persona en esta comunidad, independientemente de su estatus migratorio”.
La aprobación del acuerdo abre un nuevo capítulo para Doral y plantea interrogantes sobre cómo se equilibrará el cumplimiento de la ley estatal con la protección de su diversa comunidad inmigrante.
Con información de Diario Las Américas.-
