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Aunque los líderes del Condado de Orange aprobaron un acuerdo de asociación actualizado entre la cárcel del condado y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), la votación no fue unánime.
La votación de 5 a 2 se produjo después de que la Junta de Comisionados del Condado de Orange (BCC) debatiera durante más de dos horas sobre si cumplir o no con el acuerdo de ratificación.
Incluso quienes votaron a favor del memorando dijeron que sentían que no tenían otra opción y que sus empleos y la futura financiación del condado estaban en juego.
El nuevo acuerdo aprobado forma parte del apoyo de Florida a las medidas represivas contra la inmigración del presidente Donald Trump. El gobernador Ron DeSantis ha sido claro en su postura e insta a todos los gobiernos locales y agencias del orden público a cooperar con el Departamento de Seguridad Nacional para ayudar a hacer cumplir la ley federal de inmigración. DeSantis ha dicho que presentará cargos penales contra quienes se nieguen a cooperar.
Bajo la nueva ley estatal, el condado ahora está obligado a participar. Orange fue el último de los 67 condados de Florida en ratificar el acuerdo.
“No veo un escenario en el que podamos invalidar la ley estatal e incumplirla”, declaró el alcalde del condado de Orange, Jerry Demings. “El incumplimiento podría resultar en posibles medidas punitivas… con el riesgo de que su condado pierda fondos federales. Como director ejecutivo del condado de Orange, no puedo permitir que eso suceda”.
El acuerdo aprobado federaliza a los funcionarios de prisiones del condado para retener y trasladar a reclusos acusados de violar la ley migratoria. El condado ya tenía la responsabilidad de alojar a inmigrantes indocumentados, pero ahora 17 funcionarios penitenciarios recibirán capacitación adicional del ICE para emitir órdenes de deportación.
La Oficina del Sheriff del Condado de Orange informó que el ICE tiene órdenes de deportación para 10,000 personas en el condado, y que esta cifra podría aumentar.
“Esta es una operación federal. Deberían realizarla agencias federales”.
Lo que dicen:
La comisionada del Distrito 1, Nicole Wilson, fue una de las que votó en contra del acuerdo. Expresó su preocupación por el debido proceso para los detenidos y se pregunta quién está financiando todo esto.
“Llamamos a esto el estado libre de Florida y esto se siente como el estado de Florida donde se exigen documentos”, dijo Wilson. “Esta es una operación federal. Deberían realizarla agencias federales, y estamos aprobando este proyecto de ley”.
Decenas de activistas acudieron a la reunión del martes para oponerse al memorando, y muchos compartieron algunas de las preocupaciones de Wilson.
“En lugar de gastar ese dinero en eso, necesitamos crear viviendas asequibles, agua potable y mejor infraestructura, para que nuestras casas no se inunden con cada huracán”, dijo Felipe Sousa Lazaballet, del Hope Community Center y la Coalición “Inmigrantes son Bienvenidos Aquí”.
La comisionada del Distrito 5, Kelly Semrad, fue la otra que votó en contra del memorando. Propuso que la junta considere resoluciones que detallen cómo el Condado de Orange aplica el mandato, incluyendo requisitos sobre la rapidez con la que se notifica a una familia si alguien es detenido, la recopilación de datos para rastrear a las personas detenidas y cláusulas que podrían permitir la nulidad del mandato en el condado.
“Si la ley cambia, se disolvería inmediatamente lo establecido en la votación de ratificación de hoy”, declaró Semrad.
Próximos pasos:
Se espera que los comisionados continúen las conversaciones sobre una resolución que brindaría al personal penitenciario orientación y recomendaciones adicionales sobre cómo se implementa el acuerdo en su próxima reunión del 22 de abril.
Con información de Fox News.-
