Imagen: archivo
Un juez federal dio inicio este miércoles al proceso para declarar al Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en desacato por ignorar una orden judicial y haber enviado a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, a la megacárcel en El Salvador.
El juez federal de distrito James Boasberg escribió en una decisión de 46 páginas que las acciones del gobierno el 15 de marzo “demuestran un desprecio deliberado” por su orden que prohíbe al gobierno transferir a ciertos migrantes a custodia salvadoreña bajo la Ley de Enemigos Extranjeros en tiempos de guerra.
Esas acciones, escribió, son “suficientes para que el tribunal concluya que existe causa probable para declarar al gobierno en desacato penal. El Tribunal no llega a tal conclusión a la ligera ni apresuradamente; de hecho, ha dado a los demandados amplia oportunidad para rectificar o explicar sus acciones. Ninguna de sus respuestas ha sido satisfactoria”.
“La Constitución no tolera la desobediencia deliberada de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios de un poder coordinado que han jurado cumplirla”, escribió Boasberg.
El fallo del juez representa la reprimenda más directa a la administración Trump en medio de la escalada de tensiones con el poder judicial federal, que se han agudizado especialmente por las impugnaciones a las medidas del presidente en materia de inmigración.
El presidente Trump y sus aliados han atacado repetidamente a Boasberg por su gestión del caso, que surgió después de que el presidente emitiera en marzo una proclamación que invocaba la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley poco utilizada aprobada en 1789, para deportar sumariamente a los venezolanos que, según su administración, pertenecen a la pandilla Tren de Aragua.
Boasberg supervisaba una impugnación interpuesta por un grupo de migrantes venezolanos que buscaban evitar su deportación bajo la ley de guerra de más de 200 años de antigüedad. El juez impidió rápidamente que la administración Trump expulsara a los demandantes de Estados Unidos durante 14 días y, tras convocar una audiencia de emergencia, indicó en persona a los abogados del gobierno que debían devolver a Estados Unidos a las personas sujetas a la proclamación que se encontraban en aviones con destino a El Salvador.
Una orden escrita emitida poco después impidió que la administración Trump llevara a cabo deportaciones de extranjeros bajo su custodia en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros. La orden de Boasberg no impidió que el gobierno deportara a los presuntos pandilleros ni a otras personas bajo otras autoridades migratorias.
Sin embargo, el juez declaró que, a pesar de sus directivas escritas y orales, el gobierno no detuvo el proceso de deportación, y aviones que transportaban migrantes sujetos a deportación en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros aterrizaron posteriormente en El Salvador, donde la mayoría fueron trasladados al Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT).
Con información de EFE y CBS.-
