La Fiscalía rebatió, punto por punto, los argumentos presentados por los representantes del gobierno de Venezuela. Foto: Cortesía CPI.
Este martes 7 de noviembre, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) inició la primera de dos audiencias convocadas con los representantes del gobierno venezolano, las víctimas y la Fiscalía, para tratar el tema de la apelación presentada por Venezuela contra la decisión previa de los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI que autorizó la reanudación de la investigación por crímenes de lesa humanidad en el país. La segunda se realizará el miércoles 8.
Durante la primera jornada, la cual se celebra en La Haya, la Sala de Apelaciones estuvo integrada por los magistrado Marc Perrin de Brichambaut, presidente; Piotr Hofmański, Luz del Carmen Ibáñez Carranza, Solomy Balungi Bossa y Gocha Lordkipanidze.
Mientras que la representación del gobierno de Maduro estuvo compuesta por el abogado británico Ben Emmerson, el canciller Yvan Gil, el secretario del Consejo de Derechos Humanos, Larry Devoe y Karen García de la dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público.
En su intervención, Emmerson argumentó que “el procedimiento previsto en el Estatuto de Roma en cuanto al principio de complementariedad no ha sido respetado”, según citó el diario El Nacional. Además, señaló que la Sala de Cuestiones Preliminares no brindó a Venezuela datos específicos sobre la edad, fecha, ubicaciones de los incidentes, número aproximado de las víctimas, o del colectivo o las personas responsables de los incidentes que están siendo investigados.
“Es imposible que un Estado dé una notificación efectiva o pedir un aplazamiento, cuando la Fiscalía solo ha dado una lista de crímenes de los que se sospecha. No se han notificado los crímenes que se pretende investigar”, defendió el abogado del régimen de Nicolás Maduro.
Fiscalía: no es necesario que “se identifiquen los actos criminales específicos”
Por su parte, la Fiscalía de la CPI respondió a estos señalamientos explicando que el organismo no tiene porque identificar los actos criminales específicos que se pretenden investigar.
“Venezuela dice que esta notificación solo debe contener los incidentes que el fiscal pretende investigar. Nosotros, con respeto, estamos en desacuerdo. La notificación debe ofrecer parámetros específicos suficientes que muestren el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía, pero no se requiere por derecho que se identifiquen los actos criminales específicos que la Fiscalía pretende investigar”, dijeron.
También recordó a los representantes del gobierno venezolano que la notificación que se hizo al Estado no tiene por objeto limitar la investigación de la Fiscalía, sino que su objetivo “es permitir a los Estados decidir si esa solicitud de aplazamiento o suspensión se puede hacer y apoyar esa solicitud con información pertinente. No debe ser una lista descriptiva de todas las actividades”, subrayó.
Finalmente desmintió la acusación de que la notificación se basaba en especulaciones, argumentando que “no se trataba de indicaciones especulativas de hacia dónde se dirigía la investigación, sino se trataba de parámetros muy específicos que tenían mucho sentido y a lo que podía responder Venezuela, e incluían calendarios, el alcance geográfico, el grupo de personas presuntamente responsable, el tipo de crímenes de lesa humanidad que presuntamente se cometieron y también toda una serie de actos contextuales y parámetros que también incluían bastantes casos que tenían que ver con personas en detención, en privación de libertad”.
Venezuela no investiga los hechos que podrían constituir crímenes
Por su parte, Paolina Massidda, integrante de la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas de la CPI, respaldo la posición de la Fiscalía indicando que “las Salas han considerado reiteradamente que antes del inicio de una investigación es imposible definir los parámetros específicos de un caso e identificar a los sospechosos para ser imputados (…) Durante la investigación, cuando se recopila la evidencia, entonces el fiscal definirá crímenes y acusados específicos. Esperar otra cosa es empezar la casa por el tejado”.
Y ante una pregunta de la jueza Luz del Carmen Ibáñez Carranza referida a cuál es la posición de las víctimas sobre las afirmaciones de que el Estado venezolano no está investigando los presuntos crímenes de lesa humanidad que se han denunciado.
Massidda respondió: “La posición de las víctimas es que Venezuela no está, ni lo hará en un futuro, investigando los crímenes de sus familiares y amigos”.
Fuente: Club de Venezolanos / Con información de El Nacional. Si desea leer la publicación original puede hacerlo en el siguiente enlace: https://www.elnacional.com/venezuela/fiscalia-de-la-cpi-rechazo-argumentos-del-gobierno-de-maduro-contra-la-investigacion-en-venezuela/
