Juanita Goebertus, directora para las Américas de la organización, considera que las iniciativas del presidente demócrata para la región suelen quedar diluidas o socavadas por intereses políticos internos, como, por ejemplo, intentar frenar la migración con medidas restrictivas. Foto: Capture X @CollinRugg.
Este viernes, 11 líderes de la región se darán cita en Washington para asistir a una cumbre sobre prosperidad económica que fue convocada por la Casa Blanca. Uno de los temas centrales será el migratorio, asunto que viene ocasionado crisis no solo en la frontera sur de Estados Unidos, sino en países como Colombia y Panamá por el creciente flujo por el Tapón del Darién.
En su preámbulo, El Tiempo conversó en exclusiva con Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), quien habló sobre la importancia del encuentro y sus prioridades.
Aunque Goebertus destaca la iniciativa del presidente Joe Biden, no ahorra palabras a la hora de criticar sus políticas hacia la región, especialmente las migratorias. Según la directora, en gran parte, las medidas implementadas por la administración de Biden para frenar el flujo de indocumentados estarían agravando la crisis en el Darién y enriqueciendo a grupos criminales como el clan del Golfo.
—Este viernes se reunirán en la Casa Blanca los líderes de los 11 países que suscribieron la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica, iniciativa que nació de la pasada Cumbre de las Américas. ¿Qué balance hace de este tipo de iniciativas?
—El presidente Joe Biden ha dicho que quiere promover una región democrática, segura y de clase media. Esa es una agenda valiosa y consistente con las principales preocupaciones de derechos humanos en nuestra región. Pero lograrla requiere de esfuerzos mucho mayores de los que hemos visto hasta ahora por parte de su administración.
Con demasiada frecuencia vemos cómo sus iniciativas para la región quedan diluidas o socavadas por intereses políticos internos —como intentar frenar la migración con medidas restrictivas—, o pierden protagonismo ante problemas globales, como la competencia con China, el conflicto en Oriente Próximo y la guerra en Ucrania.
—La Casa Blanca señala que una de las causas de la inmigración ilegal es la crisis económica en varios países y que, por lo tanto, la solución pasa por ahí. ¿Lo ven así en HRW?
—Sin duda. La situación económica, la pobreza y el desempleo son factores importantes que llevan a algunas personas a salir de sus países en búsqueda de mejores oportunidades. Lo vemos en el caso de los venezolanos, haitianos y cubanos que huyen de las crisis humanitarias en sus países. En el caso de los centroamericanos, salen por la pobreza y la falta de oportunidades. Y también en casos como el ecuatoriano, donde ha habido un aumento importante en el flujo migratorio.
Además, a partir de la pandemia aumentó el desempleo, la pobreza y, en algunos casos, el delito. Con ello incrementó la tendencia de la población a echarle injustamente la culpa de sus problemas a los migrantes, llevando a muchos venezolanos y haitianos que vivían en Suramérica a intentar llegar a Estados Unidos. Pero esa no es la única causa.
—¿Cuáles otras?
—La represión en países como Venezuela, Nicaragua y Cuba; y la violencia por parte de grupos criminales o pandillas en Centroamérica, Haití o Ecuador.
—¿Qué les preocupa en relación con EE UU?
—Que a veces la administración Biden parece estar dispuesta a ignorar estos abusos y los ataques al Estado de derecho a cambio de cooperación de algunos gobiernos para frenar la migración. El caso más claro es el silencio frente a los ataques al Estado de derecho en México, pero también lo hemos visto en algunas ocasiones tanto frente a El Salvador como a Guatemala.
Si no salimos decididamente a proteger la democracia y el Estado de derecho, lograremos muy poco para frenar la migración a largo plazo. En ese sentido, espero que los presidentes que se reúnen en Washington esta semana expresen su preocupación por los ataques contra la oposición en Venezuela, los cuales son un atentado contra los acuerdos alcanzados entre la oposición y el régimen en Barbados hace pocas semanas.
—Estados Unidos ha venido tomando otras decisiones para frenar el flujo migratorio, entre ellas la ampliación de vías legales para emigrar, pero también otras de mano dura para deportar de manera “exprés”. ¿Qué opina?
—La política migratoria del presidente Biden ha sido decepcionante. Si bien ha implementado algunas medidas para promover vías legales y seguras, la mayoría de sus esfuerzos se han centrado en intentar frenar o contener la migración.
Biden ha buscado la colaboración de varios gobiernos de América Latina para impedir que las personas viajen hacia el norte y para facilitar las deportaciones rápidas. También ha expandido algunas de las políticas más abusivas de Trump, como las expulsiones de no mexicanos a México y las reglas que obligan a solicitantes de asilo a esperar en ciudades peligrosas en la frontera mexicana, donde se convierten en blanco de abusos por parte de los carteles. Como consecuencia de estas políticas de contención, la ruta migratoria hacia Estados Unidos se ha convertido en la más mortífera del mundo en 2022, según estadísticas de la OIM.
—Ustedes vienen trabajando desde hace meses en uno de esos cuellos de botella, el del Tapón del Darién. ¿Qué tanto contribuyen las políticas de Washington?
—Nuestros investigadores llevan 18 meses investigando la crisis migratoria en el Tapón del Darién. El próximo jueves presentaremos un primer informe sobre este tema en Washington y tendremos reuniones en la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Congreso, tanto con demócratas como con republicanos, para compartir nuestros hallazgos.
El informe demuestra, con evidencia cuantitativa, cómo las políticas migratorias de la región, promovidas por Estados Unidos, han contribuido a que miles de personas que huyen de la persecución o la pobreza no tengan otra alternativa que cruzar la peligrosísima selva del Darién. Esto las expone a graves abusos y ha empoderado al crimen organizado, en particular al Clan del Golfo.
—Qué cifras manejan…
—Casi medio millón de migrantes y solicitantes de asilo cruzaron el Darién en el último año, incluyendo niños y niñas. En los últimos años, más de 900 personas han pedido asistencia por sufrir hechos de violencia sexual. Nadie debería estar expuesto a estas atrocidades para mejorar sus condiciones de vida o buscar asilo. La forma de evitarlo es ofreciendo vías legales y seguras, no intentando frenar el flujo migratorio con medidas restrictivas que solo ponen en más riesgo a la población.
—¿Qué efectos concretos ven en Colombia?
Quienes inician su viaje por el Darién lo hacen en el Urabá, donde el Clan del Golfo desempeña un control hegemónico. El clan del Golfo establece las reglas y se enriquece cobrando extorsiones. Lo que está ocurriendo en el Darién es un problema regional consecuencia de políticas migratorias fallidas que se debe enfrentar con apoyo de la comunidad internacional para darle protección y asistencia humanitaria a los migrantes.
Pero Colombia no puede lavarse las manos. Se necesita una política de seguridad seria para buscar desmantelar al clan del Golfo y proteger a la población local. Es inaceptable que estos municipios del Urabá estén bajo el dominio de una organización criminal. Colombia no puede normalizarlo. Lo mismo ocurre con Panamá, donde las autoridades deberían estar haciendo mucho más para investigar a los criminales que roban, matan y violan a los migrantes.
—¿Cuál es su sugerencia?
—Somos una de las regiones del mundo con el mayor crecimiento en el número de migrantes internacionales. Según datos de OIM, entre 2005 y 2020 la población migrante en América Latina se ha duplicado. Pasamos de 7 a 15 millones de migrantes. Para enfrentar el desafío migratorio de nuestros tiempos necesitamos medidas coordinadas. El próximo año se cumplen 40 años de la Declaración de Cartagena, un instrumento legal clave sobre los derechos de los refugiados en América Latina. Tenemos la oportunidad de promover instrumentos similares para responder a las dificultades actuales en materia de migración.
—Una respuesta integral…
—Creemos que los gobiernos de la región deben unificar y fortalecer las normas y procesos para dar estatus legal a los migrantes, y deben crear un mecanismo para distribuir de forma justa los costos y responsabilidades de los Estados que acogen a migrantes y solicitantes de asilo en la región.
Y mientras se crea este mecanismo, los gobiernos, de forma individual, deberían estar haciendo mucho más para fortalecer y mejorar sus sistemas de asilo y regularización, enfrentar la xenofobia e integrar a la población migrante. Ha habido experiencias valiosas, como el Estatuto Temporal de Protección de Venezolanos en Colombia y el proceso simplificado de asilo en Brasil. La región tiene mucho que aprender de sus propios aciertos y limitaciones.
Fuente: Artículo de El Tiempo, publicado por El Nacional. Si desea leer la publicación original puede hacerlo en el siguiente enlace: https://www.elnacional.com/mundo/human-rights-watch-politica-migratoria-de-biden-ha-sido-decepcionante/
