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Este lunes, funcionarios de Florida solicitaron a la Corte Suprema que permitiera al estado aplicar una nueva ley de inmigración que tipifica como delito la entrada ilegal a Florida de personas que se encuentran en Estados Unidos.
En una apelación de emergencia ante el alto tribunal, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, solicitó a los jueces que suspendieran la decisión de un juez federal que impide a los agentes del orden aplicar la nueva ley, conocida como SB 4-C. La jueza de distrito Kathleen Williams dictaminó que la medida probablemente sea inconstitucional.
Un tribunal federal de apelaciones en Atlanta se negó a suspender la orden de Williams y permite que la ley entre en vigor mientras continúan los procedimientos legales.
“Florida tiene prohibido aplicar su estatuto en detrimento de sus ciudadanos y de la prerrogativa soberana del estado de protegerlos”, escribió Uthmeier en su solicitud de amparo de emergencia a la Corte Suprema. “La inmigración ilegal continúa causando estragos en el estado mientras que esta ley no se puede aplicar. Y sin la intervención de este tribunal, Florida y sus ciudadanos permanecerán incapacitados para combatir los graves daños de la inmigración ilegal durante años mientras este litigio avanza en los tribunales inferiores”.
Williams había emitido inicialmente una orden de restricción temporal que prohibía la aplicación de la ley de inmigración y ordenaba a la fiscal general notificar su mandato a todas las agencias del orden público del estado. Uthmeier distribuyó una carta a dichas agencias en abril informándoles que los oficiales y agentes debían cumplir con las directivas de Williams. Sin embargo, en una carta posterior, la fiscal general informó a la comunidad policial que “ninguna orden judicial… les impide adecuadamente” aplicar la ley, y que “ninguna orden legal y legítima impide actualmente que sus agencias continúen aplicándola”.
En respuesta a las cartas, Williams declaró a Uthmeier en desacato civil a principios de este mes.
“Los litigantes no pueden cambiar el sentido de las palabras a su conveniencia, especialmente al transmitir una orden judicial clara e inequívoca”, escribió. “La fidelidad al estado de derecho no puede tener otro significado”.
La jueza ordenó a Uthmeier presentar informes quincenales sobre si se realizaron arrestos, detenciones u otras acciones policiales bajo la ley de Florida.
La ley de inmigración del estado se aprobó a principios de este año y tipifica como delito que las personas que viven sin permiso en Estados Unidos “entren o reingresen a Florida a sabiendas después de haber ingresado al país eludiendo o evitando el examen o la inspección de los agentes de inmigración”. Funcionarios estatales han afirmado que la medida busca ayudar al gobierno de Trump a frenar la inmigración ilegal y se ajusta a la ley federal de inmigración.
Dos migrantes que residen ilegalmente en Florida, la Coalición de Inmigrantes de Florida y la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, demandaron al fiscal general y a 20 fiscales estatales por la ley, argumentando que esta está invalidada por la ley federal y que viola la Constitución.
Uthmeier defendió la ley en documentos presentados ante la Corte Suprema, argumentando que los legisladores estatales aprobaron la medida en respuesta a los “daños devastadores que están matando a los ciudadanos de Florida y destruyendo sus comunidades”. Afirmó que la ley representa un “esfuerzo mesurado” del estado para proteger su soberanía y se enmarca en las responsabilidades de aplicación de la ley de Florida.
Con información de CBS.-
