El estado de Florida continuará utilizando fondos de emergencia para financiar medidas relacionadas con inmigración, luego de que legisladores aprobaran extender este mecanismo presupuestario hasta 2027.
El fondo, conocido como Emergency Preparedness and Response Fund, fue creado en 2022 con el objetivo de responder a desastres naturales como huracanes. Sin embargo, en los últimos años ha sido utilizado por la administración del gobernador Ron DeSantis para cubrir gastos vinculados a políticas migratorias.
De acuerdo con reportes de medios públicos como WUSF y WLRN, el fondo ha acumulado cerca de $5 mil millonesdesde su creación. Parte de esos recursos se ha destinado a iniciativas relacionadas con el control migratorio, incluyendo transporte, logística y operaciones de seguridad.
Datos citados por WFSU indican que más de $573 millones han sido utilizados en acciones vinculadas a inmigración entre 2023 y 2025. En algunos periodos recientes, el gasto ha superado los $400 millones en cuestión de meses.
Los recursos han financiado, entre otras cosas, el uso de aviones, embarcaciones y vehículos, así como costos operativos asociados a estas medidas.
Debate sobre el uso del fondo
El uso de este fondo para temas migratorios ha generado cuestionamientos en el ámbito político estatal. Legisladores demócratas han expresado preocupación por lo que consideran una expansión del uso original del fondo, creado para emergencias climáticas.
Algunos legisladores republicanos también han planteado la necesidad de establecer límites más claros sobre su uso, con el fin de garantizar que los recursos se destinen principalmente a desastres naturales.
Además, existe incertidumbre sobre el nivel de reembolso que el estado podría recibir del gobierno federal por estos gastos, lo que podría implicar que Florida asuma una parte significativa de los costos.
Contexto estatal
Florida mantiene una declaratoria de emergencia migratoria vigente desde 2023, lo que ha permitido al Ejecutivo estatal acceder a estos fondos con mayor flexibilidad.
La medida forma parte de un enfoque más amplio del estado para incrementar su participación en la aplicación de leyes migratorias, un ámbito que históricamente ha sido responsabilidad del gobierno federal.
Fuentes: WUSF Public Media, WLRN, WFSU Public Media.
