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Una operación de aplicación de la ley migratoria sin precedentes para una ciudad singular tuvo lugar cuando autoridades federales y estatales de Florida detuvieron el jueves a más de 100 trabajadores indocumentados en sitios de construcción de Tallahassee.
Esta fue la segunda redada masiva en el estado en menos de un mes. La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Tampa dirigió la operación, en coordinación con múltiples agencias, y se centró en un proyecto de apartamentos para estudiantes cerca de la Universidad Estatal de Florida.
Allí, trabajadores de México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Colombia y Honduras fueron sorprendidos por las autoridades en momentos en que realizaban sus actividades laborales de rutina.
El gobernador Ron DeSantis celebró el operativo y destacó el impacto de las fuerzas estatales. Este evento se inscribe en la estrategia de Florida para endurecer las políticas migratorias, lo que posiciona al estado como “líder” en la aplicación de estas leyes a nivel estatal, según el gobernador.
Operativo y perfil de los detenidos
La redada fue ejecutada por una coalición que incluyó HSI, ICE, la Patrulla de Carreteras de Florida, el FBI, DEA, ATF, el Servicio de Alguaciles, FDLE e Investigaciones Criminales del IRS.
El foco fue el proyecto “Perla at the Enclave”. Los trabajadores, con cascos y ropa de labores, fueron arrestados por agentes que vestían uniformes de camuflaje e incluso máscaras.
Entre los detenidos había ciudadanos de varios países latinoamericanos; algunos con deportaciones previas o antecedentes penales, de acuerdo con un comunicado de ICE.
Una persona fue arrestada por resistirse y otra intentó usar un arma, según el parte oficial.
Testimonios describieron condiciones difíciles en los autobuses de transporte sin aire acondicionado, con trabajadores esposados y preocupados por sus familias.
Marco político-legal
La redada materializa el programa 287(g), que permite a agencias estatales ejercer funciones de oficiales de inmigración. Florida es el único estado donde los 67 condados tienen estos acuerdos.
El gobernador DeSantis ordenó al FDLE, FWC y la Guardia Estatal firmar acuerdos adicionales con ICE. Bajo estas alianzas, agentes estatales pueden interrogar sobre estatus migratorio y detener a infractores.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, reafirmó el compromiso del estado con la agenda migratoria de Trump, al declarar que “Florida lidera para ayudar a implementar la ley federal”.
Datos de ICE muestran que cerca de la mitad de los acuerdos 287(g) nacionales de este año provienen de Florida, lo que convierte al estado en un laboratorio para estas políticas.
Reacciones e impacto
Organizaciones como la Coalición Inmigrante de Florida (FLIC) denunciaron la operación y difundieron videos de los arrestos, lo que humanizó el impacto de la megarredada.
Tras la operación surgieron preocupaciones sobre el debido proceso, ya que algunos detenidos reportaron tener documentación o casos de asilo pendientes de resolución.
Thomas Kennedy, de la FLIC, advirtió sobre la vulnerabilidad de los migrantes, mientras que la industria de la construcción local sintió un efecto inmediato con cierres temporales de obras.
Antecedentes y evolución estratégica
Esta operación sigue a una serie de redadas en Florida durante 2025, como una registrada dos semanas antes en The Villages y una histórica en abril que resultó en 1.120 arrestos de extranjeros con récord criminal, según ICE.
La acción de las autoridades en abril, en cuyo contexto el 63% de los arrestados tenían antecedentes (incluidos miembros de la MS-13 y el Tren de Aragua), sentó un precedente para las autoridades.
La estrategia migratoria evolucionó de enfocarse en criminales a incluir trabajadores en sitios específicos, con el objetivo de eliminar el empleo ilegal, acorde con ICE.
Protección vs. endurecimiento
Paradójicamente, una semana antes de la redada, DeSantis firmó la ley HB 195. Esta legislación busca proteger a inmigrantes indocumentados del “fraude notarial” en trámites migratorios.
La norma obliga a notarios sin licencia de abogado a aclarar que no pueden dar asesoría legal. La ley, impulsada por demócratas y con apoyo bipartidista, entrará en vigor el 1 de julio de 2025.
Esta simultaneidad de una ley protectora y redadas masivas revela, a juicio de organizaciones de protección de inmigrantes, una paradoja en el enfoque de estas políticas en Florida.
La redada en Tallahassee marca un hito en la aplicación de políticas migratorias estatales y pone en contexto el rumbo adoptado por Florida para ejecutar operaciones masivas.
Con información de Diario Las Américas.-
