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La reciente carta enviada por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, al alcalde de Orlando, Buddy Dyer, ha generado una nueva ola de controversia en torno al acuerdo de cooperación entre la Policía de Orlando y la agencia federal de inmigración ICE.
En la misiva, Uthmeier exhortó al alcalde a no interferir con la implementación del programa 287(g), que permite a agentes locales colaborar con las autoridades migratorias. El fiscal incluso advirtió sobre la posible destitución de Dyer si intentaba obstaculizar el proceso.
En respuesta, el alcalde aseguró que ni él ni la Policía de Orlando tienen intención alguna de violar la ley estatal o federal. En una carta enviada al equipo de Telemundo, Dyer afirmó que su administración firmó el acuerdo con ICE precisamente para cumplir con la legislación vigente, y detalló que un grupo de oficiales locales está siendo capacitado para hacer cumplir leyes migratorias bajo este convenio.
“El alcalde lo que dijo los otros días es que nosotros vamos a continuar trabajando,” aseguró el comisionado Tony Ortiz, quien también fue oficial de policía en Orlando. Ortiz aclaró además que “Orlando no es una ciudad santuario. Para serlo, hay que manejar la cárcel, y la ciudad de Orlando no administra la cárcel”.
El fiscal Uthmeier se refirió a declaraciones previas del alcalde Dyer, realizadas durante una sesión de la comisión municipal, en las que aseguraba que los oficiales de policía no preguntarían a las personas por su estatus migratorio, conforme a la política de “ley de confianza” adoptada en 2018. Sin embargo, el fiscal recalcó que estas políticas fueron anuladas por el gobernador hace seis años.
Desde el ámbito comunitario, organizaciones como Hope Community Center expresan su preocupación por lo que consideran un giro en la postura inclusiva de Orlando. “Orlando está dejando de ser una ciudad inclusiva y amiga de los inmigrantes”, lamentó su director, Felipe Souza Lazaballet. “Hay miedo, los oficiales están intimidados…”, añadió en referencia al impacto de las amenazas de destitución sobre los funcionarios electos.
Consultado sobre este punto, el comisionado Ortiz reconoció que algunos funcionarios podrían sentirse presionados: “Yo creo que en algunos sí…”, dijo.
Cabe recordar que semanas atrás, el gobierno del condado Orange —que sí administra la cárcel local— firmó también un acuerdo de cooperación con ICE, al igual que la oficina del alguacil del condado.
Mientras tanto, crece el debate en la ciudad sobre el equilibrio entre seguridad pública y la protección de las comunidades inmigrantes, en un estado donde las políticas migratorias se han endurecido en los últimos años.
Con información de Telemundo Orlando.-
