La medida impediría que esas personas, que obtuvieron su número de seguridad social legalmente, accedan a servicios financieros clave, como cuentas bancarias y tarjetas de crédito, así como a prestaciones públicas.
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La Administración de Donald Trump decidió que miles de migrantes ya no cuentan en el mundo de los vivos, y, por tanto, los ha reubicado automáticamente en el bando de los muertos. Se trata de su última estrategia para acorralarlos, para que no vean otro camino más claro que el que los conduzca como deportados a sus respectivos países. Para ello, el Gobierno canceló los números de Seguro Social de 6.300 inmigrantes, es decir, la identificación más importante con la que cuentan en Estados Unidos para trabajar, recibir beneficios, tener cuentas bancarias, prestaciones federales o seguro médico.
En acuerdo con la Administración de la Seguridad Social, el Gobierno introdujo en el llamado “archivo maestro de defunciones” los nombres de estas personas que entraron de manera legal al país, privándolos así de muchos derechos y obligándolas a que se “autodeporten”, el fin último de casi todas las medidas antiinmigrantes dictadas por la Administración republicana. El mensaje es el siguiente: si no se van por su cuenta, serán ahogados económicamente para que se larguen.
“Está cumpliendo la promesa que hizo al pueblo estadounidense”, aseguró en un comunicado Elizabeth Huston, portavoz de la Casa Blanca, al referirse a la nueva medida en los cambios del Seguro Social. “El presidente Trump prometió deportaciones masivas, y al eliminar el incentivo monetario para que los extranjeros ilegales vengan y se queden, los alentaremos a autodeportarse”.
Según reveló el diario The New York Times, fue el ingeniero informático Aram Moghaddassi, quien trabaja para el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), al mando de Elon Musk, quien envió a Leland Dudek, comisionado en funciones de la Administración de la Seguridad Social, los nombres de los más de 6.000 inmigrantes, en su mayoría latinos, para que integraran la lista de defunciones que los ata ahora de pies y manos. En su misión de rastrear cada centavo desvariado en el país, Musk tiene entre ceja y ceja la teoría de que los migrantes habrían cometido fraude y que la agencia habría pagado miles de millones a personas muertas, algo que hasta el momento no puede comprobar.
Presuntamente, estos miles de inmigrantes con estatus legal temporal son catalogados como “terroristas” y presentan “antecedentes penales del FBI”. No obstante, entre la lista de “delincuentes” figuran un niño de 13 años y otros siete menores de edad. En el grupo también hay unos 1.000 cobrando beneficios a través del programa de seguro de salud Medicaid, 41 cobrando el seguro de desempleo y 22 recibiendo préstamos estudiantiles. El diario The Washington Post reveló que los próximos en el listado serían unos 92.000 inmigrantes indocumentados con algún tipo de condena penal. Luego les tocaría a los indocumentados sin antecedentes penales.
“La inclusión de los inmigrantes en la base de datos significa que ahora serán tratados como muertos por muchas agencias federales, empleadores, arrendadores y bancos”, dijo un funcionario de la Casa Blanca al Post. “La Administración espera que cuando los inmigrantes se den cuenta de que se les ha cortado la posibilidad de ganarse la vida legalmente, decidan abandonar el país por su cuenta”.
El temor de muchos es lo que pueda suceder en lo adelante, si esta medida pueda alcanzar también a los miles de personas que la Administración de Joe Biden les permitió la entrada legal a través de programas como CBP One —a cuyos beneficiarios se les revocó hace unos días su estancia legal en el país— o con el Estatus de Protección Temporal (TPS), que el presidente ordenó desmantelar y que también fue peleado por un juez ante los tribunales.
Pero la incertidumbre en medio de la cruzada migratoria, que prometió centrarse en personas con récords criminales aunque en realidad afecta a cualquier indocumentado en el país, también contagia a los ciudadanos, que se preguntan si ellos no podrán ser los próximos en la mira de Trump. Algunos sospechan que la cancelación de los números de Seguro Social podría afectar, por equivocación, a muchos estadounidenses que luego puedan verse en una complicada situación financiera. La propia Administración de la Seguridad Social comunicó recientemente que figurar en el archivo de fallecidos por error sería algo “devastador” para la persona y su familia. “Los beneficios se detienen a corto plazo, lo que puede causar dificultades financieras hasta que se arreglen y se restablezcan los beneficios, y el proceso para probar una muerte errónea siempre parecerá demasiado largo y desafiante”, aseguran.
La medida ha sido fuertemente criticada por funcionarios y expertos, que la tildan de violar las leyes de privacidad. También han hecho hincapié en que la aplicación de las leyes de migración no es asunto de la Administración de la Seguridad Social. Pero, al parecer, con esta nueva alianza el Gobierno solo está empezando, y ya tiene luz verde para infiltrarse en la privacidad de miles más. Se supo que el departamento compartirá las últimas direcciones de unas 98,000 personas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), encargados de detener y deportar a los migrantes en el país, algo que les facilita llegar de manera directa a ellos.
Con información de El País.-
