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El presidente de Perú, Pedro Castillo, dictó este miércoles disolver temporalmente el Congreso e instaurar un Gobierno de emergencia nacional, horas antes de que el Parlamento debatiera una moción de vacancia (destitución) en su contra que podría haberlo apartado de la jefatura del Estado.
«Se dictan las siguientes medidas: Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un Gobierno de emergencia excepcional», dijo Castillo en un mensaje a la nación que no fue previamente anunciado por su equipo de comunicaciones o en sus redes sociales.
Con un temblor evidente en sus manos, anunció que también dicta «convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses».
También ordenó un toque de queda a nivel nacional a partir del día de este miércole desde las 22.00 hora local (3.00 GMT del jueves).
«Se declara en reorganización del sistema judicial, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Tribunal Constitucional (TC)», agregó.
Órdenes a las Fuerzas armadas y llamado a las instituciones
Castillo añadió que «todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas» y que «quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley».
También dictó que la Policía Nacional, «con auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán los esfuerzos al combate de delincuencia, corrupción y narcotráfico, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios».
Finalmente, hizo un llamado a todas las instituciones de la sociedad civil, rondas campesinas (grupos de autodefensa fortalecidos durante el conflicto armado interno) «y todos los sectores sociales» a que salgan a defender estas medidas.
En el Congreso ven un golpe de Estado
Por su parte, los legisladores de diferentes bancadas del Congreso de Perú denunciaron que el presidente Pedro Castillo dio un golpe de Estado al anunciar que dicta la disolución del Parlamento y la conformación de un «Gobierno de emergencia» en el país.
«Esta decisión configura un golpe de Estado y se aleja de todos los marcos constitucionales», declaró la legisladora izquierdista Ruth Luque, cuya agrupación ha apoyado habitualmente la permanencia de Castillo en el poder.
La parlamentaria agregó que la decisión del gobernante «es claramente un golpe al estilo del 92», en referencia al «autogolpe» que dio en 1992 el entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000), que también disolvió el Congreso.
El congresista derechista José Cueto, del partido ultraconservador Renovación Popular y excomandante de las Fuerzas Armadas, afirmó que, «por supuesto que es un golpe de Estado», y que las Fuerzas Armadas «respaldan al Congreso».
La fujimorista Martha Moyano coincidió en que se trata de un golpe de Estado y aunque pidió guardar «la calma», dijo que se debe «alzar la voz, decir las cosas como son».
La parlamentaria derechista Norma Yarrow aseguró que Castillo «está solo en su despacho» y llamó a la vicepresidenta Dina Boluarte para que asista al Congreso y asuma la jefatura del Estado para «no permitir que este delincuente Pedro Castillo pueda atentar contra la democracia».
Los representantes de diferentes bancadas aseguraron que el Congreso se reunirá en sesión plenaria en los próximos minutos para destituir a Castillo y pidieron el apoyo de las Fuerzas Armadas a la democracia en el país.
Funcionarios renuncian
El canciller peruano, César Landa, denunció que Castillo dio «un autogolpe de Estado» e invocó a la comunidad internacional a ayudar al «re-encauzamiento democrático en Perú», además de declarar que el mandatario tomó la decisión de disolver el Congreso sin su apoyo.
Otro compañero de gabinete, el ministro de Justicia de Perú, Félix Chero, anunció su renuncia al cargo que ocupaba desde marzo pasado por «respeto a la institucionalidad democrática», como también lo hicieron los titulares de Economía y Trabajo.
Entre tanto, el representante de Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Harold Forsyth, se unió a la ola de dimisiones.
«No puedo por razones morales y profesionales tener ninguna vinculación con un régimen que funciona en base a decretos», dijo el embajador en una reunión del Consejo Permanente de la OEA en Washington.
Noticia EFE.-
