El próximo lunes 21 de noviembre inicia el juicio contra la exenfermera Hugo Chávez y Tesorera de Venezuela, Claudia Díaz Guillén, y su esposo, Adrián Velásquez Figueroa. Foto: Cortesía.
Durante años, los fiscales federales en Miami han acusado a docenas de funcionarios venezolanos, empresarios amigos y otros supuestos cleptócratas de robar miles de millones de dólares de la otrora rica nación petrolera y desviar inmensas fortunas a los bancos y el mercado inmobiliario del sur de la Florida.
Con la excepción de los fugitivos que aún están prófugos, todos los acusados venezolanos han llegado a acuerdos de culpabilidad para evitar largas sentencias de prisión en Estados Unidos, incluyendo al extesorero nacional Alejandro Andrade, quien se desempeñó bajo el difunto presidente socialista Hugo Chávez. Andrade, al igual que otros, se declaró culpable de un cargo de conspiración para lavar dinero en el sur de la Florida hace cinco años.
Para los fiscales, ganar ha sido bastante fácil, en parte porque nunca han tenido que demostrar sus casos en los tribunales.
Pero un caso que comenzará el lunes 21 de noviembre se perfila como un nuevo reto para los fiscales federales que concentran sus esfuerzos en encarcelar a funcionarios extranjeros acusados de corrupción. La sucesora de Andrade como tesorera, Claudia Díaz Guillén, irá a juicio junto con su esposo para convertirse en la primera exfuncionaria venezolana en enfrentar cargos penales estadounidenses ante un jurado federal en el sur de Florida.
Díaz y su esposo, Adrián Velásquez Figueroa, están acusados de aceptar al menos $65 millones en sobornos de Raúl Gorrín, un rico empresario caraqueño cercano al gobernante Nicolás Maduro que según los fiscales usó sus conexiones políticas para obtener acceso al enormemente lucrativo régimen cambiario oficial.
Gorrín, quien fue acusado formalmente por la fiscalía federal del Sur de la Florida en el 2018, no estará en la sala del tribunal federal de Fort Lauderdale con la pareja porque permanece en Venezuela y es considerado como un fugitivo por las autoridades estadounidenses.
Pero ha estado tuiteando sobre el caso para consternación de los fiscales de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos y del Departamento de Justicia, según muestran los registros judiciales.
Díaz, una ex oficial naval y ex enfermera de Chávez de 49 años, se desempeñó como tesorera nacional de Venezuela entre el 2011 y el 2013. Su esposo, Velásquez, de 43 años, fue un ex guardia de seguridad presidencial. Ambos fueron extraditados desde España para ser juzgados en el sur de la Florida y están recluidos sin derecho a fianza en el Centro Federal de Detención de Miami.
La estrategia del Departamento de Justicia
“Este juicio sigue el manual del Departamento de Justicia de presentar cargos de lavado de dinero contra ciudadanos extranjeros que presuntamente reciben sobornos en su país de origen y luego presuntamente usan el dinero de los sobornos obtenidos en el sur de Florida”, dijo el abogado miamense Marcos Jiménez, ex fiscal federal en el sur de Florida durante la presidencia de George W. Bush.
Probar el caso será un desafío para los fiscales del sur de la Florida, principalmente porque nunca han tenido que hacerlo en una sala del tribunal ante los jurados. Basándose en testigos clave como Andrade, correspondencia por correo electrónico y transferencias bancarias, los fiscales tratarán de convencer a los miembros del jurado de que los pagos de sobornos de hace una década supuestamente transferidos por Gorrín desde Suiza a Miami para Díaz y su esposo equivalen a un delito en Estados Unidos.
Defender a Díaz y a su esposo también será un desafío para los abogados Marissel Descalzo y Andrew Feldman, quienes ya intentaron sin éxito que se desestimara el caso, argumentando que los cargos son antiguos y que el plazo de prescripción ya venció. Los abogados también están luchando contra el plan de la fiscalía de usar a Andrade como testigo.
Para empezar, hay una historia bien documentada de corrupción asociada con el régimen anterior de Chávez y la compañía petrolera estatal, PDVSA. La petrolera tradicionalmente ha sido el principal motor económico del afligido país sudamericano, pero también como la supuesta alcancía de los altos funcionarios de Venezuela y cleptócratas conectados, varios de los cuales han sido condenados en acuerdos de culpabilidad en Miami.
Como resultado, el juicio de dos semanas ante el juez federal de distrito William Dimitrouleas promete estar lleno de incertidumbre tanto para la acusación como para la defensa.
Jiménez, quien tiene experiencia en casos de corrupción en el extranjero, dijo que “el desafío” para los fiscales será verificar el testimonio de testigos cooperantes como Andrade que se han declarado culpables de delitos y “cuya credibilidad es, por lo tanto, sospechosa”.
Agregó que los fiscales también tendrán que presentar pruebas de “actos complejos que ocurrieron hace diez años”, exponiéndolos a los ataques de la defensa sobre el testimonio de los testigos y promoviendo dudas por el hecho de que los cargos no habían sido presentados antes.
Pero Jiménez dijo que el equipo de defensa de Díaz y su esposo tendrá que contrarrestar “lo que parece ser una prueba documental importante mostrando las grandes cantidades de dinero presuntamente recibidas por un ex funcionario asalariado del gobierno”.
Díaz sucedió a Andrade, quien se desempeñó desde 2007 hasta principios de 2011 como tesorero de Venezuela. Andrade, quien previamente se había desempeñado como el guardaespaldas de Chávez, se declaró culpable de un cargo de conspiración en el caso de lavado de dinero de $1,200 millones y fue sentenciado a 10 años de prisión en noviembre del 2018.
Andrade cooperó con las autoridades estadounidenses y proporcionó evidencia sobre Díaz, su esposo, Gorrín, y un banquero venezolano que operaba un banco en la República Dominicana para desviar algunos de los pagos de sobornos al grupo, según la acusación y otros registros judiciales.
Gracias a su ayuda, la sentencia de Andrade se redujo a solo tres años y medio y fue liberado de la prisión federal en febrero. Ahora se espera que testifique contra la pareja, aunque la información sobre la reducción de su sentencia y su papel como testigo se han mantenido bajo secreto en el registro judicial.
Gorrín, de 54 años, propietario de un canal de televisión en Venezuela junto con docenas de propiedades de lujo congeladas por Estados Unidos en Miami y Nueva York, es considerado un fugitivo después de haber sido acusado hace cuatro años como el autor intelectual de la conspiración de soborno durante la presidencia del difunto presidente, Chávez, quien murió en 2013. Gorrín continuó ejerciendo su influencia durante la presidencia del sucesor de Chávez, según las autoridades federales.
La conexión Venezuela-Miami
Un gran jurado federal acusó a Gorrín de conspiración de corrupción en el extranjero y a los tres acusados de un esquema de lavado de dinero, con la conexión interna del uso de cuentas bancarias en Miami para retener parte de las ganancias.
El caso inicial contra Gorrín se presentó en 2018, y luego se agregaron a Díaz y su esposo como acusados.
Según la acusación, Gorrín tenía acceso al restringido sistema cambiario oficial de Venezuela, lo que le permitía intercambiar bolívares por dólares a una tasa extremadamente ventajosa, obteniendo de esa forma ganancias astronómicas para él y para altos funcionarios del régimen venezolano.
Los vastos ingresos necesarios para sostener el presunto esquema provinieron de PDVSA.
Los venezolanos son acusados de usar cuentas bancarias en Miami para recibir y ocultar millones robados al gobierno venezolano para mantener el esquema de sobornos entre 2011 y 2013, cuando Díaz se desempeñó como tesorero nacional, según la acusación.
“En total [Gorrín] pagó cientos de millones de dólares en sobornos para asegurar los derechos de participar en más de mil millones de dólares en transacciones de cambio de moneda extranjera que resultaron en ganancias para [él] de cientos de millones de dólares”, dice la acusación, presentada por los fiscales Kurt Lunkenheimer y Paul Hayden.
Para asegurar “esta ventaja indebida”, Gorrín usó cuentas bancarias tanto personales como corporativas “para transferir pagos de sobornos” a Miami para Díaz y su esposo, así como para su predecesor [Andrade] como tesorero nacional de Venezuela, dice la acusación formal. El esquema también usó compañías ficticias para disfrazar transacciones, según la acusación.
Durante el mandato de Díaz como tesorero nacional, Gorrín también siguió realizando pagos de sobornos por un total de unos $94 millones a Andrade a través de sus cuentas bancarias en Suiza hasta el 2017, según la acusación. Fue Andrade quien le presentó a Gorrín a Díaz, allanando el camino para que el presunto esquema de soborno continuara después de que Andrade renunció en enero de 2011.
La pareja, junto con Andrade y Gorrín, se encuentran entre las docenas de exfuncionarios del gobierno venezolano, empresarios y asociados que han sido acusados de lavado de dinero en Miami como resultado de una serie de investigaciones de corrupción en el extranjero dirigidas por El Dorado Task Force South de la unidad de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional y por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.
Después de la sentencia de Andrade, los agentes federales incautaron alrededor de $250 millones de sus cuentas bancarias en Suiza, fondos en poder del gobierno de los Estados Unidos. Además, los agentes también incautaron su granja ecuestre en el área exclusiva de Wellington del condado de Palm Beach, 14 preciados caballos de salto y una flota de autos de lujo, incluido un Bentley Continental Convertible del 2015.
Los caballos, con nombres como Bonjovi, Hardrock Z y Tinker Bell, fueron importados de varias partes de Europa y el hijo de Andrade los montó en competencias internacionales de salto, según muestran los registros judiciales.
Fuente: Artículo de El Nuevo Herald, por Jay Weaver y Antonio María Delgado. Si desea leer la publicación original puede hacerlo en el siguiente enlace: https://www.elnuevoherald.com/noticias/america-latina/venezuela-es/article268891912.html
