La orden ejecutiva de DeSantis lo puso en el centro de la conversación nacional sobre lo que parece ser el segundo intento de asesinato contra Trump en poco más de dos meses, aunque no está claro si el gobierno federal o incluso el ex presidente ven con buenos ojos sus acciones, que según los expertos legales podrían complicar el caso. Foto: X @RonDeSantis.
Un día después que los fiscales federales presentaron cargos por posesión de armas contra un hombre sospechoso de intentar matar a Donald Trump en su campo de golf de West Palm Beach, el gobernador de Florida se abrió paso a codazos en el caso, diciendo que quiere que el estado realice su propia investigación y acuse de intento de asesinato al potencial asesino del ex presidente.
El martes DeSantis tomó la inusual medida de firmar una orden ejecutiva que ordena a un fiscal estatal bajo la supervisión de la procuradora general de Florida “garantizar que se presenten cargos por todas las violaciones de la ley estatal”. También ordenó a la Fiscalía Estatal de Florida “garantizar la transparencia pública en el proceso de investigación”, poniendo en duda la capacidad del gobierno federal de ser imparcial con Trump.
“En mi opinión, no es lo mejor para nuestro estado ni para nuestra nación que las mismas agencias federales que procesan a Donald Trump lideren esta investigación, especialmente cuando el delito más grave y directo constituye una violación de la ley estatal, no de la ley federal”, dijo DeSantis durante una conferencia de prensa el martes por la mañana en West Palm Beach.
DeSantis anunció los planes del estado después que el fiscal estatal del Condado Palm Beach, Dave Aronberg, se apartara del caso para permitir que los investigadores federales tomaran la iniciativa. Aronberg, demócrata, dijo el martes que su oficina consideraría presentar cargos si una agencia policial lo solicitara.
“Trabajamos junto con nuestros socios federales y no nos involucramos en guerras territoriales”, dijo Aronberg.
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La orden ejecutiva de DeSantis lo puso en el centro de la conversación nacional sobre lo que parece ser el segundo intento de asesinato contra Trump en poco más de dos meses, aunque no está claro si el gobierno federal o incluso el ex presidente ven con buenos ojos sus acciones, que según los expertos legales podrían complicar el caso.
Ni el fiscal federal del Distrito Sur de Florida, que está procesando al sospechoso Ryan Wesley Routh, ni el FBI ni la campaña de Trump hicieron comentarios el martes. La oficina de DeSantis se negó a responder preguntas.
Ex fiscales veteranos de Miami dijeron que la propuesta de investigaciones federales y estatales paralelas del mismo delito y sospechoso puede ser legal, pero contraproducente.
Jon Sale, ex fiscal federal en Miami y Nueva York que trabajó en el caso Watergate, dijo que la investigación de Trump ha sido politizada por el gobernador de Florida, ex fiscal de la Marina de Estados Unidos.
“Inmediatamente después del incidente se generó confusión sobre la forma en que las fuerzas de seguridad locales y federales estaban trabajando juntas y en cooperación”, dijo Sale. “En cuanto la investigación pasó a manos de los fiscales federales, se convirtió en un asunto político”.
“Cuando la investigación se convirtió en un intento de asesinato contra el ex presidente, quedó claro que había un interés federal imperioso”, dijo Sale. “Ese interés debería ser justificado. Si no es por ningún motivo, entonces el estado puede seguir adelante con su propio caso. Los fiscales y los investigadores estatales deberían trabajar con las autoridades federales, no competir con ellas”.
“No esperaremos a que el gobierno federal actúe”.
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Los investigadores creen que Routh, de 58 años, había estado esperando en el Trump International Golf Club en West Palm Beach durante la noche durante casi 12 horas cuando un agente del Servicio Secreto lo vio por primera vez escondido entre los arbustos cerca del sexto green el domingo por la tarde mientras Trump jugaba una ronda de golf a varios cientos de metros de distancia.
El personal del Servicio Secreto disparó contra Routh, quien, según las autoridades, nunca disparó ni una vez con su rifle tipo SKS. Se dio a la fuga y fue detenido en el condado de Martin.
Es probable que Routh enfrente cargos federales por amenazar a un expresidente o a un candidato a la presidencia que esté protegido por el Servicio Secreto. Pero el lunes fue acusado inicialmente de delitos relacionados con armas de fuego en el aparente intento de asesinato de Trump.
DeSantis dijo que el estado procesará a Routh con “todo el peso de la ley”.
“Este loco aspirante a asesino violó la ley de Florida y no esperaremos a que el gobierno federal actúe”, dijo el martes la procuradora general de Florida, Ashley Moody, en una declaración.
Moody dijo que ordenó a los fiscales estatales que ayudaran a la Policía Estatal de la la Florida (FDLE) y a la Patrulla de Carreteras de la Florida a trabajar “rápidamente para descubrir los hechos detrás de este último intento de asesinato contra el ex presidente Trump y brindar confianza y transparencia al pueblo estadounidense”.
Trump no ha hecho comentarios públicos sobre la investigación en curso del FBI, aunque ha elogiado al Servicio Secreto y a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley por su respuesta al aparente intento de asesinato.
Dos aliados de Trump dijeron que no hay motivos para dudar de la capacidad del FBI para investigar el incidente, al menos por ahora, pero añadieron que esperan ver pronto un flujo constante de información procedente de los investigadores, argumentando que serían necesarias más revelaciones públicas para evitar cualquier preocupación sobre la investigación.
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Una cuestión de jurisdicción
El sheriff del Condado Palm Beach, Ric Bradshaw, que ha sido una figura central en el caso desde el domingo, se unió a DeSantis en la conferencia de prensa del martes y agradeció al gobernador por involucrarse. El sheriff del Condado Martin, William Snyder, también asistió al evento, al igual que el comisionado del la FDLE, Mark Glass.
Pero varios abogados familiarizados con casos estatales y federales cuestionaron si una investigación paralela sobre el mismo delito y sospechoso sería perjudicial, en lugar de ayudar.
“Esto hace que la situación sea más complicada”, dijo el abogado de Miami David Weinstein, ex jefe de la Sección de Seguridad Nacional de la Fiscalía federal en Miami.
Weinstein, quien también fue como fiscal estatal en Miami-Dade, dijo que el FBI y la Fiscalía federal están mejor equipados para llevar a cabo la investigación debido a los hechos del caso: Routh, delincuente convicto en Carolina del Norte, es sospechoso de viajar a Florida con un rifle fusil semiautomático con un número de serie borrado en un aparente intento de asesinar a Trump en su campo de golf en West Palm Beach.
“Creo que esto es más adecuado para los federales, con la ayuda de investigadores estatales y locales”, dijo Weinstein. “Basándome en mi experiencia, a menos que las investigaciones estatales y federales trabajen juntas, las investigaciones no tendrán éxito”.
Weinstein dijo que la “única forma en que un fiscal estatal tendría jurisdicción sobre este asunto sería si el delito se hubiera cometido cruzando circuitos judiciales estatales, y ese no es el caso aquí”.
La Fiscalía estatal solo puede procesar delitos que afecten a dos o más circuitos judiciales en el estado de Florida, o que se centren en “actividades delictivas organizadas complejas y, a menudo, a gran escala”, según portal digital.
Los condados Martin y Palm Beach están en distritos judiciales separados. DeSantis mencionó el arresto en el Condado Martin en la orden ejecutiva que asigna el caso a la Fiscalía estatal. El secretario de prensa del gobernador, Jeremy Redfern, se negó a comentar sobre la lógica del argumento de que se trata de una jurisdicción múltiple.
Los jueces ya han desestimado casos presentados por la Oficina de Delitos Electorales y Seguridad de DeSantis, al determinar que los fiscales estatales no tienen jurisdicción para presentar los cargos. Los procesos en Miami-Dade y Broward se reanudaron en apelación después que la Legislatura de Florida cambiara la ley estatal para aclarar que los fiscales estatales podían manejar los casos.
Fuente: Artículo de El Nuevo Herald, por Ana Ceballos y Jay Weaver. Si desea leer la publicación original puede hacerlo en el siguiente enlace:
https://www.elnuevoherald.com/noticias/florida/article292670584.html
