Los acreedores de la República de Venezuela por expropiaciones o impago de bonos tienen hasta el 12 de enero para agruparse y emitir las órdenes de embargo. Acciones serán rematadas para pagar a los que lleguen primero. Foto: Cortesía Citgo.
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes revisar un fallo judicial que autoriza el remate de acciones de Citgo, filial de la petrolera estatal venezolana PDVSA en Estados Unidos, para destinar los fondos a pagos de demandas contra la República de Venezuela por las expropiaciones masivas ejecutadas por Hugo Chávez.
Según reportan agencias internacionales de noticias, el máximo tribunal de Estados Unidos denegó una apelación contra un fallo previo de un juez de Delaware que el año pasado ordenó la subasta final, prevista para junio de 2024.
Desde 2020 el juez Leonard Stark, de la Corte Delaware, del Tercer Distrito (parte del circuito de primera instancia de la justicia federal de Estados Unidos) autorizó la venta de Citgo para que Crystallex cobrara la deuda que entonces era de $1.400 millones.
Pero la sentencia tuvo marchas y contramarchas en los laberintos del sistema de justicia de Estados Unidos y con el trasfondo de la crisis política de Venezuela.
“Hoy pasaron dos cosas, ninguna de las cuales altera el rumbo de los acontecimientos. La primera, es que la Corte Suprema negó la apelación de los nuevos embargos, lo que era esperable. Lo segundo, es que la Corte de Delaware resolvió algunas incidencias pendientes, conformando que todos los acreedores con medida de embargo podrán participar en la distribución de la subasta de las acciones”, explica el abogado José Ignacio Hernández.
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“En las próximas semanas tendremos noticias del proceso de venta, que está apuntado para terminar en junio, cuando la Corte decida quien comprará Citgo. Igual creo que puede tardar un poco más”, agrega este conocedor del caso en primera mano, porque en el pasado fungió como representante legal de Venezuela ante el sistema de justicia de Estados Unidos, en su carácter de procurador designado por el llamado “gobierno interino”.
Citgo es controlada por una junta Ad hoc designada por ese gobierno interino que encabezaba Juan Guaidó. Los gerentes de la empresa alegan que evitaron la quiebra, recuperaron sus capacidades operativas y además lograron reducir la deuda propia de la empresa.
Pero también alegan que el valor de Citgo nunca alcanzará para cubrir todas las demandas que se van acumulando contra la República y Pdvsa por el impago de la deuda pública y demandas por expropiaciones.
La principal beneficiaria de este expolio del principal activo del Estado venezolano en el exterior es la minera canadiense Crystallex Corp, cuya mina Las Cristinas, en Guayana, fue confiscada por el entonces presidente Hugo Chávez, sin compensación por las inversiones ejecutadas en estas concesiones otorgadas por el Estado venezolano.
La demanda de Crystallex se basa en una figura del derecho estadounidense, la del “alter ego”, según la cual Citgo es solo otra cara de la República de Venezuela ante la ley. En la lucha contra este concepto se basa la estrategia legal de la parte venezolana, de antichavistas o de chavistas.
Además de Crystallex, hay una docena de empresas acreedoras de Venezuela que reclaman compensaciones por expropiaciones o por deuda financiera no honrada por el gobierno de Nicolás Maduro, entre ellos bonos de la deuda en bonos como los 2020.
Cuando Maduro emitió esos papeles sin buscar la aprobación de la Asamblea Nacional (el parlamento, en ese entonces con mayoría de la oposición) puso como garantía la mitad de las acciones de Citgo.
Los Bonos de Pdvsa 2020, emitidos por el gobierno de Nicolás Maduro hipotecando a Citgo con un insólito rendimiento en dólares del 8,5%. Estos papeles vencieron en 2020 y tienen como colateral el 50,1% de las acciones de la empresa.
Sus tenedores demandaron a la República y quieren ejecutar su hipoteca. Pero en medio de la crisis política que vive Venezuela desde hace una década, aunque el régimen de Maduro hubiera querido (y podido) pagar, eso no hubiera sido posible porque las sanciones financieras aplicadas por el gobierno de Estados Unidos impiden hoy cualquier refinanciamiento.
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Los demandantes lograron vincular formalmente a Citgo, de propiedad venezolana, con las deudas de la República, lo que abrió una cascada de reclamaciones que según algunos cálculos suman al menos $24.000 millones.
Un reporte de la agencia Reuters destaca que la decisión ratificada por la Corte Suprema “aún requiere que el grupo, formado por 10 compañías, cumpla con la fecha límite del 12 de enero para emitir órdenes de embargo contra acciones de la matriz de Citgo, PDV Holding”.
“No se concedió tiempo adicional y no está previsto modificar el nuevo cronograma de subasta emitido el lunes, dijo el tribunal de Delaware. El Tesoro de Estados Unidos también se ha reservado el derecho de pronunciarse sobre cualquier oferta ganadora”, señala Reuters.
Las primeras empresas en esta lista de acreedores que cobrarán primero (y los únicos, pues el valor total de Citgo no alcanza para pagar todas las deudas vencidas y morosas de Venezuela) son OI Glass (OI.N), Huntington Ingalls (HII.N), ACL1 Investments, Rusoro Mining (RML.V), Koch Industries y Gold Reserve (GRZ.V) pueden tener reclamaciones consideradas como sentencias adicionales, señala Reuters.
“Otro grupo de cuatro acreedores, incluido Siemens Energy (ENR1n.DE) , que había presentado una moción similar para ser designados acreedores adicionales, también recibió luz verde, dictaminó el juez estadounidense Leonard Stark”, agrega.
“Certiorati denegado”, se lee en el documento publicado por la Corte Suprema, en el apartado que recoge el caso de Venezuela y otros contra OI European Gorup B.V. y otros, recoge la agencia AFP.
El certiorari es un recurso legal que permite a una parte solicitar que un tribunal superior revise el caso y determine si se ha cometido algún error.
La directiva ad hoc de Venezuela quería que la Corte Suprema revisara el fallo emitido por un juez del Tercer Circuito que dio luz verde a la venta de acciones de Citgo.
Este mismo lunes en Houston, un juez falló a favor de un grupo de 10 acreedores que decidió sumarse al embargo de la petrolera.
El tribunal “designa a todos los acreedores que, hasta la fecha, hayan obtenido un auto de embargo (…) condicional o incondicional contra las acciones de PDVH, propiedad de PDVSA (…), como acreedores adicionales de la sentencia”, se lee en el fallo. PDVH es la accionista indirecta de Citgo.
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Por qué Venezuela pierde a Citgo
Varios artículos publicados por El Estímulo resumen la saga de Citgo, hoy por hoy la única empresa propiedad del Estado venezolano que arroja dividendos y resultados positivos.
Estas son algunas claves para entender esta tragedia financiera que afecta todos los venezolanos:
La deuda pública externa de Venezuela supera los 160.000 millones de dólares, el país no tiene capacidad de pago y buena parte esta morosa (default).
- Los acreedores que ganaron juicios contra la República y Pdvsa están en posición privilegiada para cobrar primero.
- En el derecho estadounidense existe la figura del «alter ego», según la cual Citgo es solo otra cara de la República de Venezuela ante la ley. En la lucha contra este concepto se basa la estrategia legal de la parte venezolana, de antichavistas o de chavistas.
- Citgo es hasta ahora el único activo comercial de Venezuela identificado en el exterior y contra ella va la tropa de acreedores.
- La negociación de la deuda externa de Venezuela está en manos de una Asamblea Nacional electa en 2015, que de hecho no existe, mientras Maduro sigue sin ser reconocido como presidente de Venezuela, aunque es quien da las cartas.
- Tanto el gobierno de Maduro como la oposición se han comprometido mutuamente a proteger los activos de Citgo.
- Solamente la protección del Tesoro de Estados Unidos, a través de las restricciones para negociar con activo financieros del Estado venezolano, había impedido el desguace de Citgo para pagarle a los acreedores.
- Las sanciones frenan cualquier negociación real de la deuda externa de Venezuela.
- Al eliminar la figura del presidente encargado en enero de 2023, se produjo un vacío legal pues no hay quien represente a Venezuela en los procesos judiciales a punto de ejecución.
- Solamente las demandadas de empresas expropiadas ascendieron a $76.762 millones. Pero las condenas y acuerdos de pago contra Venezuela suman en total solo $19.738 millones.
- A esto se suman miles de millones de dólares en bonos de deuda ya vencidos.
Fuente: Artículo de El Interés, publicado por el portal El Estímulo. Si desea leer la publicación original puede hacerlo en el siguiente enlace: Corte Suprema de EEUU ratifica sentencia que aniquila a Citgo, filial de Pdvsa (Claves) (elestimulo.com)
