Según la Ley los “arrendadores de inmuebles, cualquiera fuere su naturaleza y objeto, deben exigir la presentación de un documento que acredite la situación migratoria regular del extranjero con quien suscriba contrato de arrendamiento. Foto: Pixabay.
El debate político, en torno a la masiva presencia de migrantes venezolanos en Perú, ha tenido sus altas y bajas. Siendo candidato presidencial, en 2021, el ahora ex presidente Pedro Castillo anunció medidas tajantes que luego no llevó adelante, una vez que se juramentó como presidente en julio de aquel año.
“El 28 de julio (día de la toma de posesión), a través de un decreto supremo, les daremos 72 horas de plazo a los ciudadanos que han venido de otros países”, manifestaba un mes antes sin dejar en claro si habría expulsiones masivas como algunos denunciaban. Tal cosa no ocurrió, finalmente.
El gobierno de Castillo, en realidad, estuvo en una suerte de crisis perenne y el tema migratorio quedó en su segundo plano. Una vez que dejó la presidencia, el pasado 7 de diciembre, y mientras se ha hecho presente un debate de posiciones encontradas sobre el adelanto de elecciones generales, en el Congreso de Perú se aprobó sin mucha repercusión pública una reforma de la ley de migraciones.
Se aprobó una reforma, con la cual ciertamente Castillo estuvo en contra mientras fue presidente. Básicamente ahora quienes le arrienden viviendas a los migrantes podrán exigirle la presentación de documentos que acrediten haber cumplido con los trámites legales de permanencia en el Perú. Es una norma que afecta principalmente a venezolanos, el mayor número de migrantes que residen en el país andino.
Para el cierre de 2022, la plataforma R4V que reúne los esfuerzos de las agencias de Naciones Unidas en torno a la migración masiva desde Venezuela, estimaba la presencia de casi un millón y medio de venezolanos en territorio peruano, en su gran mayoría (un millón) afincados en Lima, la capital, tal como lo comentamos en un artículo anterior.
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¿Qué pasó con los alquileres?
Los legisladores de Perú, al frente de un Congreso que es tan rechazado por la ciudadanía como la presidenta Dina Boluarte (un 80% de rechazo según sondeos), basaron su argumento para reformar lo relacionado con los alquileres con un tema sensible para la población de Perú, la seguridad ciudadana.
El 13 de enero de 2023 la dirección de comunicaciones del Congreso ratificó que se habían aprobado por clara mayoría las reformas a la ley de migraciones que había entrado en vigor en febrero de 2022. La reforma del mes pasado obtuvo 85 votos a favor, quince votos en contra y nueve abstenciones.
Se modificaron los artículos 10, 45, 61 y 63 del Decreto Legislativo 1350, Decreto Legislativo de Migraciones.
En el literal 10.6 establece como deber de los ciudadanos extranjeros en territorio peruano que deben respetar el marco normativo vigente, en especial en lo referido al legado histórico y cultural del Perú, “al orden público, orden interno, seguridad nacional, seguridad ciudadana y las disposiciones sanitarias y ambientales”.
Y sin que se vea con claridad la conexión entre este asunto y el tema de los alquileres, los legisladores hicieron modificación del artículo 61.
En ese artículo 61 se incorpora el literal 61.3, en donde se define que los “arrendadores de inmuebles, cualquiera fuere su naturaleza y objeto, deben exigir la presentación de un documento que acredite la situación migratoria regular del extranjero con quien suscriba contrato de arrendamiento (…)”.
Los legisladores han aclarado que aún no existe una norma que taxativamente obligue a los arrendadores a informar en alguna plataforma oficial sobre la condición migratoria de los arrendatarios, pero sostuvieron que era necesario establecer este principio y se dejó la puerta abierta para que se abra un registro en la Superintendencia Nacional de Migraciones.
Del mismo modo, sin precisión, se dejó planteado la posibilidad de multar a los arrendadores que no cumplan con informar sobre los arrendatarios extranjeros con quienes hagan contratos.
Pese al discurso que rayaba con la xenofobia del Castillo candidato, en su presidencia se opusieron a la norma que se acaba de aprobar al ser “contraria a los principios de la norma migratoria para respetar los derechos fundamentales a las personas extranjeras”.
El actual gobierno de la presidenta Boluarte, vicepresidenta electa junto a Castillo en 2021, no se pronunció sobre este tema.
Fuente: Artículo de El Estímulo, por Andrés Cañizález. Si desea leer la publicación original puede hacerlo en el siguiente enlace: https://elestimulo.com/migracion/2023-02-08/peru-prohibe-alquilar-inmuebles-a-migrantes-sin-papeles-como-afecta-a-los-venezolanos/
