El gobernador Ron DeSantis pide exigir a empleadores que utilicen el sistema electrónico federal E-Verify, para verificar documentación. Foto: Pixabay.
El proyecto de ley sobre inmigración y verificación de estatus legal en Florida continúa encontrando escollos en el camino, en parte debido al impacto que tendría en un sin número de empresas en el estado.
El gobernador Ron DeSantis pidió a los legisladores que exijan a todos los empleadores de Florida que utilicen el sistema electrónico federal E-Verify, para verificar el estado migratorio de cualquier empleado. Pero los propios legisladores republicanos temen que la propuesta SB 1617 se convierta en un bumerán y solo consideran la posibilidad de adoptar la media para las empresas con más de 25 empleados, al tiempo que dar a empleadores con menos empleados la opción de usar un formulario I-9, que la ley federal ya exige.
El proyecto de ley también exime a quienes contratan empleados independientes, como una empleada doméstica o un jardinero, para que trabaje en una residencia privada.
Mientras tanto, hay grupos empresariales que expresan su preocupación sobre cómo esta ley, que se supone que entrará en vigor el 1 de julio si se aprueba, afectará a los agricultores locales y los precios ya altos de frutas y vegetales.
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El empleador que no cumpla con el E-Verify sería multado 1.000 dólares por día de infracción. Incluso podría perder su licencia de negocio o tener que devolver cualquier incentivo económico al estado.
Estas disposiciones han generado preocupación entre los dueños de negocios, incluidos algunos legisladores republicanos que cuentan con empresas e incluso plantaciones de frutas y verduras.
“Las sanciones son excesivas”, declaró Adam Basford, representante de Associated Industries of Florida, uno de los grupos de cabildeo empresarial más grandes del estado.
Otros plantean que pudieran “ocurrir errores”, ya que el sistema E-Verify ha producido desaciertos.
En Florida hubo al menos un caso en el que se descubrió que una empresa subcontratada por el estado contrató a varios trabajadores que vivían ilegalmente en el país y que, según la compañía, fueron “procesados y autorizados para el empleo a través del sistema E-Verify”.
En efecto, el estado continúa pagando millones de dólares a Archer Western-De Moya Joint Venture, incluso después de que las autoridades descubrieran que había contratado trabajadores no autorizados, incluidos dos hombres que fueron acusados en relación con la muerte de un oficial del condado de Pinellas en una zona de construcción.
“No sé de dónde tendrán los trabajadores para el campo, los que hacen el trabajo por siete u ocho dólares la hora porque no tienen papeles”, comentó Mario, un joven hondureño que recoge tomates en las plantaciones de Homestead, al suroeste de Miami.
De hecho, Mario y un par de amigos en circunstancias similares aguardan por una furgoneta, que los recoge cada mañana, en una céntrica esquina de la ciudad, para ir a trabajar.
“Hay otra ley, dicen, que si la aprueban prohibiría la transportación de ilegales como yo. Me quedaría sin trabajo”, afirmó.
Mario se refiere al proyecto de ley SB 1718 convertiría en un delito grave de tercer grado transportar a alguien que vive ilegalmente en el país y resida en Florida.
Fuente: Artículo de Diario Las Américas, por Jesús Hernández. Si desea leer la publicación original puede hacerlo en el siguiente enlace: https://www.diariolasamericas.com/verificaran-estatus-migratorio-poder-trabajar-n5334650
