La propuesta legislativa en Florida establece que el cliente tendrá derecho a rechazar la propina si recibe una servicio mediocre
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La legislatura de Florida debate un proyecto de ley que busca eliminar las propinas automáticas en restaurantes, la medida que intenta proteger al consumidor, podría transformar el modelo de negocio del sector gastronómico.
La propuesta, identificada como HB 535 e impulsada por el representante republicano Chad Johnson, pretende establecer reglas claras y transparentes sobre la inclusión de propinas automáticas o cargos por servicio en la cuenta final del cliente.
Según el proyecto, los restaurantes solo podrían aplicar una propina automática en grupos de seis o más personas, y esta deberá estar claramente indicada en el menú, la factura y cualquier recibo que el cliente deba firmar.
Además, se exige que el restaurante especifique quién recibe la propina —el empleado o la empresa— y qué porcentaje corresponde a cada parte. Otro punto clave es que la propina debe calcularse antes de aplicar impuestos.
El texto legal también establece que el cliente tendrá derecho a rechazar el pago de la propina automática, si así lo solicita.
Dos caras de la medida
La Asociación de Restaurantes y Alojamiento de Florida se pronunció en contra de la medida.
“Entendemos que los clientes están experimentando lo que se conoce como ‘fatiga de las propinas’, al sentirse obligados a darlas incluso cuando no se justifica”, declaró Samanta Padgett, vicepresidenta de relaciones gubernamentales y asesora general del grupo. “Pero muchos restaurantes en Florida y en todo EEUU utilizan estos cargos como una herramienta clave para garantizar el servicio y el éxito”.
Críticos del proyecto advierten que su aprobación afectaría seriamente el modelo operativo de muchos establecimientos que dependen de las propinas automáticas como una red de seguridad en temporadas de baja afluencia o en turnos menos concurridos. La consecuencia podría ser un aumento en los precios del menú.
Padgett añadió que existen maneras más eficaces de mejorar los requisitos de notificación ya establecidos por las leyes estatales.
Por su parte, los defensores de la iniciativa argumentan que los consumidores estarían mejor informados y no se verían forzados a gratificar servicios deficientes, lo que incentivaría una mayor calidad en la atención.
Si es aprobada, la ley entraría en vigor el 1 de julio de 2025.
Con información de Diario Las Américas.-
