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Una jueza federal ordenó el miércoles una segunda pausa temporal a la orden ejecutiva en que la presidente Donald Trump prohibió otorgar la ciudadanía por nacimiento a bebés que nazcan de personas que se encuentren ilegalmente en Estados Unidos y calificó la ciudadanía como un “derecho más preciado”.
La jueza Deborah Boardman indicó que ningún tribunal de la nación ha apoyado la interpretación de la 14 enmienda hecha por el gobierno de Trump.
“Este tribunal no será el primero”.
Agregó que “la ciudadanía es un derecho más preciado, expresamente otorgado por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución”.
Boardman dijo que la ciudadanía es una “preocupación nacional que exige una política uniforme”, y agregó que “solo una orden judicial a nivel nacional brindará un alivio completo a los demandantes”.
Después de leer su fallo desde el estrado, la jueza le preguntó a un abogado del gobierno si apelarían su decisión. El abogado dijo que no tenía autoridad para tomar una posición inmediata sobre esa cuestión.
La orden realizada en la primera semana de Trump ya había sido suspendida temporalmente a nivel nacional debido a una demanda separada presentada por cuatro estados en el estado de Washington, donde un juez calificó la orden de “descaradamente inconstitucional”. En total, 22 estados, así como otras organizaciones, han presentado demandas para intentar detener la medida ejecutiva.
Boardman, nominada por el expresidente Joe Biden, aceptó la medida cautelar después de una audiencia en el tribunal federal de Greenbelt, Maryland. Los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes CASA y Asylum Seeker Advocacy Project, y un puñado de mujeres embarazadas presentaron la demanda ante Boardman.
En el centro de las demandas se encuentra la 14ª Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868 después de la Guerra Civil y la decisión de la Corte Suprema en el caso Dred Scott, que determinó que Scott, un esclavo, no era ciudadano.
“El principio de ciudadanía por derecho de nacimiento es un fundamento de nuestra democracia nacional, está entretejido en las leyes de nuestra nación y ha dado forma a un sentido compartido de pertenencia nacional para generaciones tras generaciones de ciudadanos”, argumentaron los demandantes en la demanda.
El gobierno de Trump afirma que los hijos de no ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía.
“La Constitución no contiene una cláusula de beneficios extraordinarios que otorgue la ciudadanía estadounidense a, entre otros, los hijos de quienes han eludido (o desafiado abiertamente) las leyes federales de inmigración”, argumentó el gobierno en respuesta a la demanda de los demandantes de Maryland.
La 14ª Enmienda se añadió tras la Guerra Civil para garantizar la ciudadanía a los antiguos esclavos y a los afroamericanos libres. Establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen”.
Además de los 22 estados con fiscales generales demócratas que buscan detener la orden, 18 fiscales generales republicanos anunciaron esta semana que están buscando defender la orden del presidente uniéndose a una de las demandas federales presentadas en New Hampshire.
Estados Unidos se encuentra entre los 30 países donde se aplica la ciudadanía por nacimiento (el principio de jus soli o “derecho del suelo”). La mayoría están en América, y Canadá y México están entre ellos.
Durante su primera semana en el cargo, Trump firmó 10 órdenes ejecutivas sobre inmigración y emitió edictos para cumplir promesas de deportaciones masivas y seguridad fronteriza.
Algunas acciones se sintieron de inmediato. Otras enfrentan desafíos legales. Si se concretan, otras órdenes pueden tardar años en implementarse, pero han generado temor en las comunidades inmigrantes.
La posibilidad de que Trump pueda implementar su agenda podría depender del dinero. Se espera que el Congreso considere pronto la posibilidad de financiar el apoyo. Trump podría usar poderes de emergencia para recurrir al Departamento de Defensa, como lo hizo para el muro fronterizo durante su primer mandato.
