Imagen: archivo
Los números no mienten.
Cada vez más jóvenes tienen problemas con las fuerzas del orden y terminan en el sistema de justicia juvenil.
Los arrestos de menores en Florida han aumentado un 17 % anual desde la pandemia, y el estado enfrenta dificultades para proporcionar instalaciones adecuadas a estos jóvenes infractores, según el juez jubilado Ken Lester, quien sirvió 24 años en el condado de Seminole, incluyendo seis años como jefe de la división de menores.
“Al igual que en cualquier otro tribunal del país, nunca hay suficientes recursos para abordar todos los problemas que existen”, afirmó Lester.
Los datos del Departamento de Justicia Juvenil de Florida muestran que 43 394 menores fueron arrestados en el año fiscal 2022-2023, 1020 de ellos solo en el condado de Seminole, lo que representa un aumento anual del 30 % en el condado desde la pandemia de COVID-19. Lester atribuyó el aumento de arrestos a factores como el consumo de drogas, problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad, y la falta de modelos a seguir positivos. Destacó la importancia de la intervención temprana, que, según él, el condado de Seminole gestiona adecuadamente.
“Tenían un programa que identificaba a los menores en riesgo para asuntos más graves basándose en sus familiares, amigos y cosas por el estilo. De hecho, iban a hablar con los menores y la familia e intentaban aconsejarles que algo debía cambiar, ya sea reubicarse, empezar a prestar atención o acudir a este programa. Les ofrecían todos estos programas y oportunidades”, dijo Lester.
Sin embargo, la intervención temprana no siempre funciona, y cuando los menores terminan en el sistema, suele haber escasez de espacio en los centros estatales.
“Los centros tienen un tamaño y alcance limitados a básicamente 90 camas. Cuanto más alto se asciende, más aislado se supone que debe estar. Como recluso en un centro para personas mayores, como el de máximo riesgo, tendría un niño en una habitación o una celda, por así decirlo”, dijo Lester.
En el año fiscal 2023-24, Florida contaba con 21 centros de detención de seguridad operados por el estado con 1223 camas disponibles, clasificados como de baja, media y máxima seguridad.
Según el estado, algunos centros operan por debajo de su capacidad, mientras que otros suelen estar llenos. Lester explicó que la delincuencia y otros factores determinan a qué centro se envía a los menores, lo que lleva a que algunos sean liberados mientras esperan una plaza en el centro adecuado, mientras que otros permanecen en centros de detención locales, lo que él denominó “tiempo muerto”.
Los menores reciben algunos servicios mientras esperan, pero nada que ver con lo que reciben en un centro estatal.
Desafortunadamente, Lester afirma que no hay una solución sencilla.
“No tenemos la capacidad de pedirle al estado que construya más centros para que podamos sacar a los menores del centro de detención e ingresarlos a las instalaciones estatales lo antes posible. Eso será más beneficioso para los niños. En cuanto a la rehabilitación, tendrá un menor impacto en el resultado final aquí en el condado de Seminole. Además, será más eficaz y funcionará mucho mejor”, dijo Lester.
Añadió: “Si se castiga meses después del hecho, simplemente no tiene el mismo efecto, especialmente en los menores”.
Con información de Wesh News.-
