El fallo fue retrasado hasta el 19 de noviembre para que los fiscales puedan dar su opinión sobre qué hacer a la luz del inminente regreso de Trump a la Casa Blanca. Foto: Pixabay.
Un juez pospuso el martes una decisión sobre si revocar la condena del presidente electo Donald Trump en su caso de pago de sobornos, mientras sus abogados argumentaron que su elección la semana pasada justifica desestimar el caso por completo para que pueda gobernar el país.
El juez de Nueva York Juan M. Merchan tenía previsto pronunciarse el martes sobre su pedido anterior de anular su condena por un motivo diferente: debido a un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos este verano sobre la inmunidad presidencial. En cambio, dijo a los abogados de Trump que retrasaría el fallo hasta el 19 de noviembre para que los fiscales puedan dar su opinión sobre qué hacer a la luz del inminente regreso de Trump a la Casa Blanca.
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Según correos electrónicos presentados ante el tribunal el martes, los abogados y fiscales de Trump habían acordado en los últimos días el aplazamiento de una semana.
Debido a las “circunstancias sin precedentes”, los fiscales deben considerar cómo equilibrar los “intereses en competencia” del veredicto del jurado y la presidencia, escribió el fiscal Matthew Colangelo.
Mientras tanto, el abogado de Trump, Emil Bove, argumentó que desestimar el caso es “necesario para evitar impedimentos inconstitucionales a la capacidad del presidente Trump de gobernar”.
Los abogados y fiscales de Trump no hicieron comentarios inmediatos el martes.
En mayo, un jurado condenó a Trump por falsificar registros comerciales relacionados con un pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels en 2016. El pago fue para comprar su silencio sobre las afirmaciones de que tuvo relaciones sexuales con Trump.
Él dice que no lo hicieron, niega haber actuado mal y sostiene que el procesamiento fue una táctica política destinada a dañar su última campaña.
Poco más de un mes después del veredicto, la Corte Suprema dictaminó que los expresidentes no pueden ser procesados por acciones que tomaron en el curso de la gestión del país, y los fiscales no pueden citar esas acciones ni siquiera para reforzar un caso centrado en una conducta puramente personal.
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Los abogados de Trump citaron ese fallo para argumentar que el jurado que exigió el silencio obtuvo algunas pruebas que no debería haber obtenido, como el formulario de declaración financiera presidencial de Trump y el testimonio de algunos asesores de la Casa Blanca.
Los fiscales estuvieron de acuerdo y dijeron que la evidencia en cuestión era solo “una pequeña parte” de su caso.
La condena penal de Trump es la primera para un expresidente. El expresidente de 78 años enfrenta la posibilidad de recibir un castigo que va desde una multa o libertad condicional hasta cuatro años de prisión.
El caso se centró en cómo Trump justificó el reembolso a su abogado personal del pago a Daniels.
El abogado Michael Cohen adelantó el dinero, que luego recuperó mediante una serie de pagos que la empresa de Trump registró como gastos legales. Trump, que ya estaba en la Casa Blanca, firmó él mismo la mayoría de los cheques.
Los fiscales dijeron que la designación tenía como objetivo ocultar el verdadero propósito de los pagos y ayudar a encubrir un esfuerzo más amplio para evitar que los votantes escucharan afirmaciones poco halagadoras sobre el republicano durante su primera campaña.
Trump dijo que a Cohen se le pagó legítimamente por servicios legales y que la historia de Daniels fue suprimida para evitar avergonzar a la familia de Trump, no para influir en el electorado.
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Trump era un ciudadano privado (hacía campaña para presidente, pero no había sido elegido ni juramentado) cuando Cohen le pagó a Daniels en octubre de 2016. Era presidente cuando Cohen recibió el reembolso, y Cohen testificó que discutieron el acuerdo de reembolso en la Oficina Oval.
Trump lleva meses luchando para revocar el veredicto y ahora podría intentar aprovechar su condición de presidente electo. Aunque fue juzgado como ciudadano particular, su próximo regreso a la Casa Blanca podría impulsar a un tribunal a intervenir y evitar el espectáculo sin precedentes de condenar a un expresidente y a un futuro presidente.
Trump ha instado a Merchán a que anule la condena, pero también ha intentado trasladar el caso a un tribunal federal. Antes de las elecciones, un juez federal había rechazado repetidamente la medida, pero Trump ha apelado.
Trump enfrenta otras tres acusaciones no relacionadas en varias jurisdicciones.
Pero el fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, ha estado evaluando cómo cerrar el caso de interferencia electoral de 2020 y el caso separado de documentos clasificados contra Trump antes de que asuma el cargo, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con el asunto. La persona habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a discutir el asunto públicamente. Una política de larga data del Departamento de Justicia dice que los presidentes en funciones no pueden ser procesados.
Mientras tanto, un caso de interferencia electoral en Georgia contra Trump está en gran parte suspendido mientras Trump y otros acusados apelan el fallo de un juez que permite a la fiscal principal de ese caso, Fani Willis, continuar procesándolo.
Fuente: Artículo de The Assoacited Press, por Jennifer Peltz y Michael R. Sisak. Si desea leer la publicación original puede hacerlo en el siguiente enlace: https://apnews.com/article/trump-hush-money-immunity-ruling-1b555b96443f38d35e995b8b4853a32c
