La administración del presidente Donald J. Trump ha implementado una controvertida y amplia nueva directiva que podría permitir la detención y arresto de refugiados legales en Estados Unidos que todavía no han obtenido su tarjeta de residencia permanente (green card), revirtiendo décadas de práctica migratoria y generando críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos, abogados y activistas.
Según un memorando interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) obtenido por varios medios, incluidos The Washington Post y Noticias Telemundo, la medida autoriza a los agentes federales de inmigración para detener y retener a refugiados que no hayan ajustado su estatus migratorio un año después de haber ingresado al país. Bajo esta interpretación, los agentes pueden arrestar a estas personas y someterlas a nuevos procesos de revisión.
Tradicionalmente, las guías migratorias de EE. UU. desde 2010 indicaban que no era una base para detención el no haber solicitado la residencia permanente tras un año de entrada. Sin embargo, esta directiva revierte ese criterio, calificando el incumplimiento como motivo suficiente para custodia y revisión.
¿A quién afecta esta política?
La nueva política se aplica a refugiados que entraron legalmente al país y aún no han recibido su green card. Se estima que podría afectar a decenas de miles de personas, incluyendo a unos 100.000 refugiados de diversas nacionalidades, según expertos entrevistados por El Tiempo.
Uno de los focos del operativo es Minnesota, donde bajo la llamada Operación PARRIS fueron señalados unos 5.600 refugiados para arresto y revisión de su estatus migratorio una vez cumplido el año de estancia, lo que ha provocado demandas judiciales y reacciones legales, incluyendo una orden de un juez federal que frenó temporalmente estas detenciones en ese estado.
Justificación del gobierno y oposición
Funcionarios del DHS y del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) han defendido la medida argumentando que busca mejorar la seguridad pública y asegurar la integridad del proceso de admisión de refugiados, al exigir que estos regresen a custodia para “inspección y examen” si no han solicitado el ajuste de estatus en el plazo establecido.
Sin embargo, defensores de refugiados como Global Refuge han señalado que es imposible aplicar estándares de detención por no solicitar la residencia cuando, en muchos casos, el gobierno mismo ha pausado el procesamiento de solicitudes, especialmente para personas de ciertos países considerados de “alto riesgo”.
Organizaciones como IRAP (International Refugee Assistance Project) y HIAS han condenado la política como una violación de compromisos legales y humanitarios de Estados Unidos, argumentando que transforma un trámite administrativo en causa de arresto y podría violar derechos constitucionales.
Repercusiones sociales y legales
La medida ha generado temor entre comunidades de refugiados que llegaron legalmente al país y que, por diversos motivos —como demoras burocráticas o barreras de idioma— aún no han completado su proceso de residencia permanente. Univision Noticias reporta que miles de personas viven con la inquietud de ser arrestadas y potencialmente deportadas.
El fuerte rechazo ha llevado a litigios, como en Minnesota, donde un juez ha bloqueado parcialmente la implementación de esta política mientras los tribunales analizan si los arrestos violan derechos constitucionales básicos.
Contexto más amplio
Esta política forma parte de un enfoque migratorio más amplio de la administración Trump durante su segundo mandato, que incluye reducciones drásticas en la admisión de refugiados y estrictas medidas de control fronterizo, así como operativos que han impactado también a otras poblaciones migrantes.
Este artículo combina información de The Washington Post, PBS NewsHour, Univision, El Tiempo, The Guardian, Axios y otros medios de noticias relevantes que han reportado sobre la nueva directiva y sus efectos reales y potenciales sobre refugiados en EE. UU.
