El letrado británico Ben Emmerson, contratado por el Estado venezolano para defender su posición, señaló que en algunos casos ha logrado identificar a algún sospechoso y en otros no, “porque la investigación no ha alcanzado ese nivel”. Foto: Cortesía CPI.
La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) celebró este miércoles la segunda y última audiencia prevista con los representantes del gobierno venezolano, las víctimas y la Fiscalía, para tratar el tema de la apelación presentada por Venezuela contra la decisión del tribunal de reanudar la investigación por crímenes de lesa humanidad en el país.
Durante esta jornada, y ante una pregunta de la jueza Luz del Carmen Ibáñez Carranza sobre el status de los 124 incidentes presentados ante el tribunal, los representantes del gobierno venezolano admitieron que la mayor parte de los casos siguen abiertos y, por lo tanto, impunes.
“Los datos actualizados en relación a esos 124 incidentes son: 113 se encuentran en fase de investigación, habiendo conseguido individualizar como posible responsable a 166 funcionarios públicos, registrando avances significativos; hay 3 en fase intermedia, es decir con una acusación formal; 3 en fase de juicio; y 5 condenas que se corresponden con 14 funcionarios públicos condenados”, dijo el abogado Aitor Martínez Jiménez, quien forma parte de la representación del gobierno de Nicolás Maduro.
“En relación a los rangos, dentro de esos 124 incidentes nos encontramos con 15 oficiales actualmente condenados, que van desde oficiales la policía hasta sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana. Y sometidos a investigación tenemos dentro de las fuerzas de seguridad a 18 comisarios, 39 inspectores, 9 detectives, 9 supervisores, 2 oficiales jefe, 26 oficiales, y en el cuerpo militar 3 tenientes coroneles, 7 tenientes, 1 mayor, 6 capitanes y 31 sargentos”, agregó.
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Mientras que el letrado británico Ben Emmerson, contratado por el Estado venezolano para defender su posición, señaló que en algunos casos ha logrado identificar a algún sospechoso y en otros no, “porque la investigación no ha alcanzado ese nivel”.
“Ninguno de esos casos se ha cerrado o ha concluido completamente, ninguna de estas investigaciones han acabado, a raíz de las alegaciones tan importantes que suponen y son objetos de investigación continua”, reconoció.
Por su parte, la Fiscalía explicó que “en 47 de ellos no se identificaron a los perpetradores, es decir tres cuartas partes. También 57 casos estaban en la fase preparatoria, es decir, la primera fase del procedimiento donde todavía no ha habido una acusación formal. Y para 21 casos la Fiscalía vio que era una caracterización jurídica inadecuada”.
Crímenes de lesa humanidad
Otro de los temas discutidos es el hecho de que la legislación venezolana no contempla cualificaciones jurídicas o elementos sobre algunos crímenes que la CPI está investigando, tal es el caso de los crímenes sexuales y de género.
De hecho, el juez Marc Perrin de Brichambaut preguntó directamente sobre el asunto, a los que Emmerson respondió que en Venezuela los crímenes catalogados como de lesa humanidad están previstos como delitos ordinarios, añadiendo que el Estado no está en la obligación de cambiar eso.
A esto la Fiscalía respondió que al menos es necesario que los Estados demuestren que investigan los mismos tipos de conducta delictiva. “Los procedimientos nacionales de los Estados tienen que extenderse a las afirmaciones factuales, porque si no lo hacen no podrán examinar de manera adecuada ni pronunciarse sobre la responsabilidad penal y el alcance del daño”, dijo el representante de la Fiscalía.
Además informó que, tras concluir el examen preliminar, se han identificado crímenes sexuales y de género contra más de 100 personas, todos ellos notificados al Estado venezolano.
Fuente: Club de Venezolanos / Con información de El Nacional e Infobae (por Gastón Calvo). Si desea leer las publicaciones originales puede hacerlo en los siguientes enlaces:
