La iniciativa contempla crear una vía legal a la ciudadanía para los 12 millones de inmigrantes ilegales que se calcula que ya están en el país, al tiempo que destina miles de millones de dólares a aumentar la seguridad fronteriza, un esfuerzo que pagarían los propios inmigrantes. Foto: Twitter @MaElviraSalazar.
Con cientos de miles de migrantes varados en México mientras intentan llegar a Estados Unidos, la representante federal miamense María Elvira Salazar presentará este martes en el Congreso un proyecto de ley que, en su opinión, aborda los asuntos estridentes que durante décadas han mantenido separados a los dos principales partidos políticos en materia de reforma migratoria.
La iniciativa —que según Salazar es el primer proyecto de ley bipartidista sobre inmigración presentado en el Congreso en los últimos 10 años— contempla crear una vía legal a la ciudadanía para los 12 millones de inmigrantes ilegales que se calcula que ya están en el país, al tiempo que destina miles de millones de dólares a aumentar la seguridad fronteriza, un esfuerzo que pagarían los propios inmigrantes.
Salazar es la autora del proyecto de ley, que está copatrocinado por la representante demócrata por Texas Verónica Escobar, quien será la colíder, y contará con el apoyo de la representante demócrata por Michigan Hillary Scholten, la representante republicana por Oregon Lori Chávez-DeRemer y la representante Jenniffer González Colón, comisionada residente de Puerto Rico.
“Estamos arreglando la inmigración legal (y) no costará ni un centavo al contribuyente”, dijo Salazar al Miami Herald. “Será pagado en su totalidad por la gente que está aquí y que va a entrar” a la vía establecida para legalizar su estatus.
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Salazar dijo que el proyecto de ley, que cuenta con el apoyo demócrata, es la reforma migratoria que tiene más posibilidades de salir adelante en el Congreso, dado que el proyecto aprobado hace un par de semanas por la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, será rechazado con toda probabilidad por el Senado, controlado por los demócratas. La diferencia entre su proyecto de ley y el anterior, dijo, es que la nueva reforma propuesta aborda las preocupaciones de ambos partidos. “Abarca a todos”, dijo.
El proyecto de ley tendría una vía para que los inmigrantes que llevan más de cinco años viviendo ilegalmente en Estados Unidos salgan de las sombras, dijo Salazar. Eso supondría un gran alivio para millones de personas que, al margen de su situación migratoria irregular, se han comportado como ciudadanos respetuosos de la ley, pagando sus impuestos y criando hijos nacidos en Estados Unidos.
Con excepción de quienes hayan cometido un delito, el programa concedería a los inmigrantes ilegales autorización para trabajar y vivir en Estados Unidos durante siete años, en el marco de un programa denominado “Estatus de Dignidad”, previo pago de $5.000. Después de esos siete años, los inmigrantes calificarían para el “Estatus de Redención”, que conduciría a la ciudadanía con un costo de otros $5.000.
Esos fondos, que potencialmente pudieran sumar varios miles de millones de dólares, se usarían para financiar un nuevo programa de reeducación de los trabajadores para ayudar a cualquier trabajador estadounidense que crea que ha perdido su empleo ante un inmigrante a obtener la capacitación necesaria para conseguir un empleo mejor, dijo el subejefe de gabinete de Salazar, John Mark Kolb.
“El fondo para los trabajadores estadounidenses será la inversión de tu tipo más grande de la historia. Será de $45.000 millones y cualquier estadounidense tendrá derecho a beneficiarse”, dijo.
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Quienes esperen obtener la ciudadanía estadounidense a través de los programas de la reforma no tendrían acceso a programas o subsidios gubernamentales. Por ejemplo, tendrían que pagar su propio seguro médico, dijo Salazar.
Además, a los inmigrantes bajo el programa Dignidad se les deduciría 1.5% de su salario para un fondo especial que se usaría para asegurar la frontera. Ese porcentaje se deduciría en lugar del 7% que normalmente se toma para la Seguridad Social y Medicare, dijo.
Salazar añadió que la gestión de la frontera es una de las estipulaciones más importantes del proyecto de ley y que la deducción del 1.5% bastaría para reservar los miles de millones necesarios.
El proyecto de ley contempla la adquisición de tecnología de punta para vigilar mejor la frontera, construir “un sistema de infraestructura fronteriza impenetrable”, que incluiría barreras físicas mejoradas, y contratar a más agentes de la patrulla fronteriza.
El proyecto de ley también modificaría las actuales estipulaciones sobre asilo mediante la creación de cinco “campus humanitarios” para quienes esperen obtener el estatus migratorio. La construcción de esos centros pondría fin a la práctica, a menudo criticada, conocida como catch-and-release (atrapar y soltar), en la que se deja en libertad a los inmigrantes ilegales detenidos a la espera de que se resuelvan sus casos.
Los recintos evitarían que se dividiera a los miembros de las familias y los inmigrantes tendrían una resolución de sus casos en un plazo de 60 días, tras lo cual los solicitantes sabrían si el asilo ha sido aprobado, denegado o está pendiente, en cuyo caso se les permitiría estar en libertad mientras llevan una tobillera.
El proyecto de ley también prevé estipulaciones especiales para un programa de trabajadores invitados destinado a cubrir las necesidades de mano de obra de las granjas y otras áreas, añadió Kolb.
Salazar dijo que espera que el sector privado apoye el proyecto de ley, que ofrece soluciones a la escasez de mano de obra que han estado enfrentando.
“Y la dignidad es la mejor solución que existe, porque la realidad es que no hay otra reforma migratoria completa que conozcamos que se haya redactado ni en la Cámara ni en el Senado”, dijo. “No hay nada que pueda ser aprobado por ambos partidos”.
Fuente: Artículo de El Nuevo Herald, por Antonio María Delgado. Si desea leer la publicación original puede hacerlo en el siguiente enlace: https://www.elnuevoherald.com/noticias/inmigracion/article275693561.html
