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El Gobierno de Donald Trump violó leyes federales de privacidad al entregar el mes pasado datos de Medicaid de millones de inscritos a funcionarios de deportación, afirmó este martes el fiscal general de California, Rob Bonta, quien informó que él y otros 19 fiscales generales estatales han presentado una demanda por esta acción.
Según reportó el mes pasado The Associated Press, asesores del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ordenaron la divulgación de un conjunto de datos que incluye información médica privada de personas que viven en California, Illinois, el estado de Washington y Washington, al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su siglas en inglés). Todos esos estados permiten que personas no ciudadanas de Estados Unidos se inscriban en programas de Medicaid financiados únicamente con fondos estatales.
El inusual intercambio de información médica privada —incluyendo direcciones, nombres, números de seguro social, estatus migratorio y datos de reclamaciones— fue entregado a funcionarios de deportación mientras aumentaban los esfuerzos de aplicación de leyes migratorias en todo el país. Según expertos, estos datos podrían ser utilizados para ayudar al DHS a localizar inmigrantes en su campaña de deportaciones masivas.
Bonta afirmó que la divulgación de datos por parte del Gobierno de Trump viola leyes federales de privacidad médica, incluyendo la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA, por sus siglas en inglés).
“Esto es una violación de siete décadas de política y práctica legal federal que han dejado claro que los datos personales de salud son confidenciales y solo pueden compartirse en circunstancias muy limitadas que beneficien a la salud pública o al programa de Medicaid”, dijo Bonta en una conferencia de prensa este martes.
El Gobierno de Trump ha buscado proporcionar a los funcionarios de deportación más datos sobre inmigrantes. En mayo, por ejemplo, un juez federal se negó a bloquear que el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) compartiera datos fiscales de inmigrantes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para ayudar a localizar y detener a personas que viven sin estatus legal en Estados Unidos.
La iniciativa para reforzar los datos del gobierno federal sobre los inmigrantes inscritos en Medicaid parece haberse puesto en marcha en mayo, cuando los Centros de Medicare y Medicaid (CMS) anunciaron que revisarían los registros de algunos estados para asegurarse de que los fondos federales no se usaran para cubrir a personas con “estatus migratorio insatisfactorio”.
Como parte de esta revisión, CMS pidió a California, Washington e Illinois que compartieran información sobre personas no ciudadanas inscritas en sus programas estatales de Medicaid, según un memorando del 6 de junio firmado por la subdirectora de Medicaid, Sara Vitolo, al que AP tuvo acceso. El memorando fue redactado por varios funcionarios de CMS bajo la supervisión de Vitolo, según fuentes familiarizadas con el proceso.
Funcionarios de CMS intentaron resistirse a la solicitud de compartir datos por parte del Departamento de Seguridad Nacional, argumentando que hacerlo violaría leyes federales como la Ley del Seguro Social y la Ley de Privacidad de 1974, según el memorando.
Los argumentos legales expuestos en el documento no fueron convincentes para los designados por Trump en el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), que supervisa la agencia de Medicaid.
Cuatro días después del envío del memorando, el 10 de junio, funcionarios del HHS ordenaron la transferencia “de los datos al DHS antes de las 5:30, hora de Miami, de hoy”, según correos electrónicos obtenidos por AP.
El HHS está “tomando medidas enérgicas contra los estados que podrían estar utilizando indebidamente fondos federales de Medicaid”, dijo el portavoz de la agencia, Andrew Nixon, en un comunicado. La agencia no ha dado detalles sobre el papel del DHS en este esfuerzo. Nixon también defendió la legalidad de compartir los datos con el DHS.
“El HHS actuó completamente dentro de su autoridad legal —y en total cumplimiento con todas las leyes aplicables— para garantizar que los beneficios de Medicaid se reserven para las personas que tienen derecho legal a recibirlos”, afirmó Nixon.
Docenas de legisladores demócratas, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, han enviado cartas a las agencias involucradas, exigiendo que se detenga el intercambio de datos y que el DHS destruya la información que ha recibido hasta ahora.
Con información de CNN en español.-
